El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua avanza con la persecución contra opositores. Este miércoles, el Ministerio de la Gobernación eliminó la personalidad jurídica de un canal de televisión dirigido por un opositor, justamente en el marco del 30 aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Se trata de la Fundación Cristiana de Televisión Enlace (Enlace Canal 21), cuya dirección estaba a cargo de el ex diputado Guillermo Osorbi -candidato presidencial por el partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) en los comicios de noviembre de 2021-, que fue una de las voces que encabezó los reclamos por fraude electoral.

 
La ilegalización del Canal, de perfil religioso y cuyas actividades datan desde octubre de 2008, fue aprobada por la titular de la cartera, María Amelia Coronel, y se debe a “incumplimientos”.  

“No reportaron estados financieros del peródio 2021 al 2022″, precisa la nota ministerial publicada en el diario oficialista La Gaceta.

Sin embargo, esta razón es la que habitualmente emplea el régimen para disfrazar su persecución contra voces opositoras.

Osorno se ha desempeñado como diputado nacional, así como en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), y fue uno de los denunciantes de fraude electoral tras los comicios presidenciales. Ello le costó, en noviembre de 2021, la cancelación de la licencia al canal de televisión y a la radioemisora que también poseía.

El Canal 21 y Radio Nexo fueron cancelados el 9 de noviembre de aquel año, mismo día en que el partido CCN efectuó la denuncia por un adulteramiento en la cifra de votantes que aseguraba que la participación fue del 25% y que triunfó el “no voto”, todo lo cual favoreció a los gobernantes sandinistas. 

Esta decisión había sido tomada por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, aunque oficialmente nunca se refirió a ello y, por tanto, los medios continuaron con sus transmisiones. hasta hoy.

Las ONG siguen en la mira
Éstos medios no fueron, sin embargo, los únicos objetivos del régimen. A la par de su cierre, Ortega avanzó con la disolución de 20 ONGs. En este caso, se trató de una fundación de desmovilizados sandinistas y de 19 organizaciones -entre ellas ocho que solicitaron su fin voluntario-.

La primera fue la Fundación de Desmovilizados y Víctimas de Guerra de los 80s SMP -Servicio Militar Patriótico-, una agrupación de ex combatientes sandinistas que había sido inscrita en 2006.

Según detalló Coronel en la nota expedida, nuevamente su cancelación de personalidad jurídica se debe al “inclumplimiento” por la falta de reportes de estados financieros aunque, en este caso, “del período 2021 al 2022″ y sumó que su junta directiva se encontraba vencida desde mayo de 2013. 

Entre las restantes agrupaciones alcanzadas por la medida destacan la Asociación Grupo de Autoayuda de Occidente que Conviven con el VIH, Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria de Nicaragua, Asociación para el Corredor Seco de Nicaragua, Fundación para el Desarrollo de la Microempresa, Asociación Amigos del Teatro Municipal José de la Cruz Mena, Asociación Instituto Cultural Rubén Darío y Médicos Sin Fronteras de Bélgica.

Con esta última acción, ya son al menos 3.400 las oenegés disueltas desde las protestas de abril de 2018 en las que la gente salió a las calles a pedir el fin del régimen, a lo que las autoridades respondieron con una violenta represión.

Desde la Gobernación defendieron, sin embargo, que 12 organizaciones se cerraron de forma unilateral “por estar en abandono y tener entre 1 a 12 incumplimientos de sus obligaciones conforme a las leyes que los regulan” y, el resto, fueron por “disolución voluntaria”.

A esto se sumó la voz de diputados oficialistas, como Filiberto Rodríguez, que aseguraron que las organizaciones en cuestión habían utilizado recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega y que explicaron, por otro lado, que se enmarca en un proceso de ordenamiento. Según precisaron, no todas las 7.227 ONGs registradas en el país estaban realmente en operación. Tras conocerse la decisión, el Ministerio explicó que la Procuraduría deberá proceder de oficio para realizar la liquidación del patrimonio de los organismos. Esto implica que, excepto con las disueltas por iniciativa propia, en las restantes se avanzará con el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua.