El expresidente de Perú Pedro Castillo permanecerá bajo prisión preventiva los próximos 18 meses, según resolvió el juez supremo Juan Carlos Checkley, mientras el Congreso peruano discutía esta noche el adelanto a 2023 de las elecciones generales, propuesto por el Gobierno, una decisión que exige varios pasos formales y que obligó a extender hasta febrero próximo la presente legislatura, mientras continúan las protestas, que ya suman 10 muertos.

El magistrado acusó a Castillo de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública, en una audiencia virtual que comenzó por la mañana, fue interrumpida y continuó por la tarde, el juez Juan Carlos Checkley hizo el anuncio en una extensa resolución que leyó, mientras Castillo fue asistido por un letrado oficial.

Además de los 18 meses de prisión preventiva contra Castillo, el magistrado resolvió que el ex primer ministro Aníbal Torres un régimen de comparecencia con restricciones por los presuntos delitos de rebelión y otros.

Castillo permanece detenido en la sede de la Diroes, en Ate, desde el 7 de diciembre cuando perpetró un golpe de Estado.

En el Congreso, en tanto, se debatía el adelantamiento de las elecciones propuesto por la presidenta, Dina Boluarte. 

"Quiero ratificar la propuesta de mi Gobierno en adelantar las elecciones. Desde este espacio invoco al Congreso a tomar las mejores decisiones para acortar los plazos y hacer las reformas necesarias. Aquí nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo", remarcó Boluarte en un acto, al exhortar al Congreso.

El legislativo, muy fragmentado y dominado por la oposición de derecha, parecía haber recogido el reclamo de comicios cuanto antes: extendió las sesiones ordinarias, citó al ministro de Justicia, José Tello, y a las autoridades de los organismos electorales para que expliquen los pasos técnicos necesarios y se encaminaba a votar el adelantamiento.