La Fiscalía dio inicio esta mañana a los alegatos en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en la denominada “causa Vialidad”. Con tono desafiante y con voz elevada en aparente enojo, el fiscal Diego Luciani aseguró que se cometió el delito de defraudación al Estado a través de una asociación ilícita.

“Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, dijo el fiscal en su alegato en el juicio oral por la obra pública que recibió para Santa Cruz el empresario Lázaro Báez y dejó en claro que pedirá que la vicepresidenta de la Nación sea condenada en lo que es su primer juicio oral.

Por videoconferencia, Luciani señaló que tiene acreditado que “entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares”. Cristina Kichner lo escuchaba desde su conexión al zoom, al igual los restantes 12 acusados.

Con la bandera argentina de fondo, buscando mirar a cámara mientras lee y con la apoyatura de documentos y filminas, el representante del Ministerio Público Fiscal habló de “licitaciones amañadas”; adjudicaciones “escandalosas” y “degradación de la administración pública”.

Ante el TOF2, todos los imputados que se conectaron al Zoom, incluida Cristina Fernández de Kirchner, Luciani dijo sentir “profunda tristeza” por los presuntos hechos de corrupción ya que, dijo, la “desviación del dinero público va en detrimento de los sectores más vulnerables de la población”.

El fiscal se refirió a una “poderosa estructura que se enquistó cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de la Nación”; y afirmó que “los pasos fueron perfectamente orquestados”. Habló de adjudicaciones “escandalosas” y un “auténtico y eficaz sistema de corrupción”.

Para sostener la acusación de asociación ilícita, se refirió a una presunta “división de roles” para cometer el delito y que hubo una “perpetuación en el tiempo” del mismo. Según afirmó, “el objetivo fue eliminar la competencia entre oferentes para beneficiar a Lázaro Báez ” y “no se trató de prácticas aisladas como nos quiere hacer ver la UIF, sino de hechos gravísimos que se perpetuaron en el tiempo”.

En el juicio (que comenzó en mayo de 2019) se investigan las presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz. El fiscal sostuvo que en esas obras hubo sobreprecios, falta de capacidad técnica para hacerlas, licitaciones amañadas y el pago total de las obras cuando la mayoría no fueron terminadas. La acusación es por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública. La vicepresidenta está acusada de ser la jefa de esa asociación ilícita.