La condena recayó en una persona identificada con las iniciales A.A. y fue impuesta por los jueces Pablo Busaniche, Sergio Carraro y Pablo Ruíz Staiger, quienes lo hallaron culpable de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple reiterado, en todos los agravados por ser ministro de culto.

Además, fue considerado responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada (en dos casos por amenazas, en otro por abuso de autoridad y en el tercero por violencia).

La fiscal Alejandra del Río Ayala, de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), había solicitado la pena de 40 años de prisión.

Tras la lectura de la sentencia, el padre de dos de las niñas abusadas se mostró disconforme con el fallo debido al sufrimiento de las víctimas y a que el pastor «pensó que era impune», además de remarcar que «era el hermano de sangre de la máxima autoridad del Pueblo de Dios».

El imputado fue detenido el 27 de octubre de 2019, cuando se disponía a votar en las elecciones nacionales en la localidad misionera de Puerto Iguazú, donde tenía domicilio.

Durante el debate, que se inició el lunes pasado en los Tribunales santafesinos, la fiscal indicó que los delitos fueron cometidos en un automóvil y en la Casa de Oración que esa congregación posee en Gorriti al 4.600 de Santa Fe, entre 2015 y 2017.

Las víctimas fueron siete niñas y adolescentes pertenecientes a esa comunidad religiosa, que eran menores de edad al momento de ser agredidas.

El caso se inició por la denuncia del padre de dos de las víctimas en abril de 2018 y la Fiscalía reveló que los abusos fueron cometidos en reiteradas oportunidades entre 2015 y 2017.

Las niñas «eran agredidas cuando se quedaban a dormir en la sede de la congregación religiosa» y también «al momento de ser trasladadas por el acusado en un vehículo particular».

«En algunos casos (el imputado) utilizó violencia para neutralizar a las niñas; en otros lo hizo abusando de su autoridad religiosa; y, en otros, las amenazó con suspenderlas en la práctica religiosa si no aceptaban ser abusadas», añadió la Fiscalía.

La Congregación Cristiana Pueblo de Dios es reconocida por el Registro Nacional de Cultos y en Santa Fe, además de la sede donde ocurrieron los abusos, posee una predio en la localidad de Ángel Gallardo, donde residen más de 200 adherentes.