A partir de las 15, el plenario de las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación retomará la discusión del proyecto de ley por el que se busca pagar la deuda contraída con el FMI por el gobierno del expresidente Mauricio Macri en 2018 con fondos de los argentinos que fueron fugados al exterior.

La iniciativa había comenzado a ser debatida a principios de abril, y luego se pasó a un cuarto intermedio durante la Semana Santa. Este martes en el Salón Azul de la Cámara alta seguirá la discusión del expediente que busca modificar la Ley de Entidades Financieras para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal para crear un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI establece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos.

La vigencia de ese Fondo se extenderá hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para los incentivos a los colaboradores que contribuyan a identificar evasores. Además especifica que será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión quedará a cargo de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.

El proyecto de ley fue presentado a fines de marzo por un grupo de senadores del Frente de Todos, entre los que figuraban el neuquino Oscar Parrilli, la mendocina Anabel Fernández Sagasti y el titular de la bancada, el formoseño José Mayans. El Poder Ejecutivo respaldó la idea y luego un grupo de 22 integrantes del bloque oficialista se sumó al apoyo.

Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares. El texto indica que «en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%», y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte «corren el riesgo de tener una pena en prisión», tal como lo estipula la ley vigente.

El oficialismo propone también usar la figura del «colaborador», que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados.

Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor, tal como lo establece el segundo expediente.

Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.

Para este fin se impulsa el segundo proyecto, que prevé modificaciones a la ley de Entidades Financieras, ya que incorpora excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal para permitir que los fiscales a cargo de la investigación no tengan que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información.