El exfutbolista y segundo goleador histórico de la Selección Argentina, Gabriel Omar Batistuta sufrió un millonario embargo por parte de la AFIP. El Juez Federal de Reconquista, Aldo Alurralde, ordenó que vacíen todas las cuentas del "Bati".

El organismo de recaudación le reclama al exjugador santafesino una suma de $3.853.341,66 pesos, más un 15% en concepto de intereses y cuotas judiciales por no abonar Impuestos a los Bienes Personales Anticipo 2 y 3 Período Fiscal 2021, que venció el 13/10/2021 y e 13/12/2021 respectivamente y aportes y contribuciones sociales.

El exfutbolista había presentado una acción de amparo ante la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal porteña para que lo eximan de pagar el aporte extraordinario fijado por ley para afrontar la pandemia.

La causa, caratulada "Batistuta, Gabriel Omar C/En AFIP – Ley 27.605 S/proceso de conocimiento", se suma a la que ya presentaron otros futbolistas (en actividad y retirados), entre ellos Carlos Tévez, aunque en este caso con una argumentación ligeramente diferente.

Batistuta sostiene no sólo que el aporte es "confiscatorio" sino que además atenta contra sus emprendimientos productivos vinculados con la actividad del campo.

Según la demanda, que ingresó el viernes por sorteo a juzgado número dos, a cargo del juez Esteban Furnari, y quedó registrada con el número 10380/2021, el aporte extraordinario le insumiría a Batistuta parte de la renta de sus actividades productivas.

La renta, al igual que el salario, tiene carácter alimentario, por lo cual cualquier detrimento debe ser aplicado con "carácter restrictivo" y hasta un determinado porcentaje sobre el ingreso real.

Batistuta pidió, a través de su abogado, Luciano Cativa, una medida cautelar que le posibilite evitar el pago hasta tanto no haya una sentencia firme sobre el fondo de la cuestión, esto es la validez constitucional –o no- de la ley que estableció el aporte extraordinario por única vez.

La presentación advierte, además, que para afrontar el pago Batistuta debería desprenderse de algunas de sus propiedades, lo que en los hechos significaría una descapitalización de sus emprendimientos.

La causa ingresó formalmente al juzgado de Furnari, quien deberá resolver sobre su admisibilidad, el planteo de medida cautelar y darle intervención al fiscal subrogante Miguel Ángel Guilligan para que se pronuncie al respecto.