Este martes, después de los allanamientos en el Ministerio de Seguridad y decenas de renuncias sincronizadas de altos funcionarios en esa cartera, el gobernador Omar Perotti ordenó a través del decreto 2651 que el Fiscal de Estado "inicie de manera inmediata los procedimientos administrativos que legalmente correspondan".

Entre los considerandos del decreto, el Ejecutivo provincial sostiene que “habiéndose efectivizado medidas judiciales en el ámbito del Ministerio de Seguridad dispuestas por el Ministerio Público de la Acusación destinadas a recabar una serie de pruebas que hacen a investigaciones judiciales; es deber de este Poder Ejecutivo, instruir de manera inmediata la iniciación de los procedimientos administrativos necesarios a los efectos de determinar sí, en el ámbito de esa jurisdicción, se han realizado conductas reñidas con el ordenamiento jurídico que rige su funcionamiento”.

 Cabe recordar que las investigaciones judiciales en curso son dos, por un lado el posible espionaje ilegal que se podría haber llevado a cabo por funcionarios del Ministerio provincial cuando era comandado por Marcelo Sain. Por el otro, la Justicia puso el ojo sobre una licitación de compra de armas.