"El primer paso para paliar la situación de manera rápida, mientras se continúa avanzando en políticas profundas de combate a la criminalidad organizada, es reconocer y hablar del tema, tomando cartas en el asunto sin distinciones de filiaciones, tal como lo sostiene el gobernador Omar Perotti", define el texto del legislador del oficialismo.

En su primer artículo se declara el estado de emergencia en seguridad hasta el 31 de diciembre de 2022. Y se declara que su objeto es "reestructurar y modernizar las bases orgánicas y funcionales del sistema policial provincial, a los efectos de disponer de los servicios policiales como instrumentos fundamentales para el control y conjuración de las violencias y las problemáticas criminales".

El articulado contempla la posibilidad de una prórroga de la norma por el Poder Ejecutivo por 180 días y también "a dar por concluida la presente declaración si estima que se encuentran superadas las circunstancias y hechos que fundan la presente declaración".

En los fundamentos, se afirma que "los recursos disponibles y los mecanismos vigentes para períodos de normalidad no pueden dar acabada respuesta a una situación que, holgadamente, excede a ésta y se presenta como una serie de acontecimientos extraordinarios que necesitan respuestas del mismo tenor". Y se sostiene que "es prioritaria la realización de acciones y la toma de medidas de carácter urgente tendientes a lograr la reducción, en lo inmediato y dentro del respeto a las garantías vigentes, de los factores de delito y la violencia interpersonal, vinculada o no a hechos delictivos".

La iniciativa se encuentra en las comisiones del Senado y tiene fijada una preferencia para la próxima sesión (además, si así lo considera necesario, la Casa Gris puede pedir su tratamiento en eventuales sesiones extraordinarias).

Uno de los artículos detalla las "acciones sobre aspectos funcionales, orgánicos, operacionales y de personal" de la fuerza policial, que incluye: a) modificar la estructura orgánica y funcional de la Policía "creando, transformando, extinguiendo o suprimiendo total o parcialmente funciones y dependencias"; b) "reajustar y racionalizar" los recursos humanos con cambios de funciones, dependencias y destinos "a todo el personal"; c) asignaciones no remunerativas al personal policial que desempeñe funciones críticas; d) afectar en forma transitoria o definitiva personal de otras reparticiones de la administración pública centralizada o descentralizada, con su anuencia, para tareas de apoyo administrativo en el Ministerio de Seguridad o unidades o dependencias policiales y priorizar el destino de los policias a tareas específicas; e) optimizar los recursos materiales y los servicios que presta la Policía; y f) "adquirir recursos materiales".