La banda conocida como “Los Monos” aprovechó una figura creada durante el gobierno de Mauricio Macri para conformar 40 sociedades ficticias con domicilios falsos en menos de 24 horas e ingresar al circuito legal más de 1.200 millones de pesos.

Mediante Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), no solo consiguieron blanquear el capital, sino también acceder a beneficios fiscales que la ley de apoyo al emprendedor otorga a este tipo de empresas. El registro de las SAS se realizó en el Ministerio de Modernización, que no tiene ningún tipo de experiencia en el control del lavado de activos.

Las firmas de los narcos fueron inscriptas de manera automática sin intervención de personas humanas y emitieron unas mil facturas apócrifas. De acuerdo a una resolución de la Inspección General de Justicia, “un efectivo control de legalidad hubiera evitado que las mismas entren en circulación en el mercado y operen en el país”.

Luego de que una investigación impulsada por el Fiscal Federal Walter Rodríguez vinculara el dinero del lavado con la creación de una serie de Sociedades de Acciones Simplificadas, la Inspección General de Justicia lanzó una serie de sumarios sobre las firmas presuntamente vinculadas con Los Monos para verificar su funcionamiento real.

De esas investigaciones se desprendió que las sociedades: “Agro Molino SAS”, “Depertar del Norte SAS”, “Zero cool Informática SAS” y “Stelle Framing SAS”, entre otras, estaban conformadas por los mismos titulares con residencia en la ciudad de Rosario , en puntos de venta de droga referenciados con la banda narco criminal denominada Los Monos.

Al mismo tiempo los domicilios declarados por estos individuos para las SAS estuvieron situados en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando el organismo que conduce Ricardo Nissen fue a verificar esas direcciones, se encontró con que algunas eran inexistentes y otras corresponden a casas particulares de personas en situación de vulnerabilidad social que no tenían ningún contacto con el entramado societario.

Estas firmas generaron unas 10.000 facturas apócrifas que sirvieron para blanquear unos 1.200 millones de pesos. Al mismo tiempo, mediante la ley de apoyo a los emprendedores, los narcotraficantes accedieron a los beneficios impositivos previstos en la normativa. De esta manera pudieron acceder a la herramienta del crédito fiscal.