Por la Dra. Laura Kalerguiz*
 
 
Hay dos planteos principales que son el común denominador de los miles de juicios de jubilados que por estos días esperan una sentencia de la Corte Suprema: 
 
1) El cambio de ley de actualiazción de haberes en marzo de 2018: al aplicarse la nueva ley sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, se aplicó un aumento del 5,7%, cuando correspondía aplicar el 14,5% correspondiente a índices de la ley anterior. En este punto, dos de las tres salas de la Cámara de la Seguridad Social, han avalado la inconstitucionalidad de este porcentaje, diciendo que las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva. Estos fallos fueron apelados, tuvieron dictamen favorable de la Procuración General y desde hace dos años se espera lo que diga la Corte Suprema. A este reclamo se le suma, que durante el 2018/2019, las jubilaciones perdieron un 19,5% frente a la inflación.
 
2) El segundo reclamo corresponde a lo sucedido durante el 2020, cuando se suspende la ley de movilidad que estaba vigente hasta diciembre de 2020, y se otorgan durante ese año aumentos por decreto. Los reclamos se basan en la inconstitucionalidad de la suspensión de dicha ley, y además que, llegado el caso de que la emergencia sanitaria haya impedido que se abone lo que corresponda, diferentes jueces de Primera Instancia han fallado que se debe abonar la diferencia entre lo percibido y lo que hubiera correspondido una vez finalizada la emergencia por Covid 19. Esta variación, según el rango de haberes puede ser entre el 24,3% y el 35,3%.
 
En este punto hay discrepancias. Dos de las tres salas de la Cámara de la Seguridad Social han desestimado este planteo y validaron la aplicación de los aumentos por decreto.

 
Ambas cuestiones están a la espera de la decisión de la Corte, que no tiene plazos para expedirse, cuestión grave si se tiene en cuenta que quienes esperan esta decisión son adultos mayores. El problema, en este caso, también es la Justicia.