El tratamiento del pedido de suspensión por presuntas faltas graves del titular del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain, finalmente dilató la discusión de la Ley de Conectividad que el Gobierno esperaba dar curso la semana pasada.

El mensaje, uno de los principales proyectos del gobierno de Omar Perotti, logró media sanción del Senado en octubre del año pasado y tenía preferencia para la sesión del jueves último, pero el revuelo político entorno a la figura del ex ministro de Seguridad trastocó el orden de prioridades.

Mientras el Gobierno confiaba en obtener resolución favorable la semana pasada, ahora, la aprobación del proyecto parece haberse enfriado. A comienzo de mes, funcionarios del gobierno provincial explicaron el Programa Santa Fe+Conectada a integrantes de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados. La reunión sirvió de puntapié al Ejecutivo para insistir sobre uno de sus principales caballos de batalla.

Durante el encuentro, funcionarios del Gobierno habían aceptado algunas modificaciones sugeridas por los legisladores respecto a la reglamentación de la ley, además de hacer lugar al pedido para la instalación de cámaras de seguridad en Rosario con los fondos obtenidos por el credito internacional.

Sin embargo, luego de un tratamiento trunco, la oposición volvió a poner un manto de dudas sobre la viabilidad del proyecto, en tanto indicaron que el Gobierno “no tiene un plan de Conectividad sino uno de endeudamiento”. A la par, sostuvieron que aún quedan dudas sobre la colocación de la línea óptica detallada en el programa, dado que se superpondría con la tendida por el ARSAT en la provincia.

Además, agregaron que la iniciativa alcanzaría a unas 120 localidades que obtendrían conectividad de aquí a cinco años, pero dejaría "desnuda" al resto de Santa Fe. Si bien los legisladores opositores insistieron en estar dispuestos a trabajar y discutir el proyecto, “así cómo está no va a salir”, afirmaron.

Asimismo, la mayor duda está vinculada a los aspectos financieros del programa. El monto total para su implementación alcanza los U$S 124.670.000 de los cuáles el préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina CAF (U$S 100 millones) constituye un 80%, mientras que el monto restante (U$S 24.670.000) se prevé financiar con recursos propios del Estado provincial. El endeudamiento supone como condiciones financieras la Tasa de Interés LIBOR + Margen (1,97%) y un plazo de amortización de 15 años con cinco años de gracia para el capital.