Los investigadores que desbarataron una banda dedicada a la venta ilegal de armas y municiones que abastecía el mercado negro de Rosario creen que la organización estaba liderada por un policía especializado en criminalística y por un sodero, en cuyo depósito se secuestraron casi una veintena de pistolas y revólveres y más de 2000 balas, informaron este martes fuentes judiciales.

Según los pesquisas, la organización delictiva fue desbaratada tras una investigación de la cual participó un agente infiltrado que, durante dos meses, adquirió armamento haciéndose pasar por un hombre de campo.

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe informó que la organización fue desarticulada al cabo de varios allanamientos realizados en puntos del Departamento Rosario y que, en total, se secuestraron 31 armas -entre ellas 11 fusiles y 11 de puño de grueso calibre- y más de 3.500 municiones.

Voceros del indicaron a Télam que las armas secuestras han sido denunciadas como robadas en enero pasado por un productor agropecuario de la provincia de Córdoba, que era legítimo usuario de las mismas.

Las municiones, en cambio, eran compradas por la organización integrada por tres policías y varios civiles –entre ellos un sodero de la zona sur de Rosario- a través de cupos legales que otorga la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), agregaron las fuentes.

Ahora se investiga si los papeles de esos cupos habían sido robados o sus titulares eran una suerte de “testaferros” de la banda, que ofrecía las municiones por medio de una línea de Whatsapp del hermano de uno de los policías detenidos.

 
“Son 3.500 disparos que no se van a hacer y que tanto daño hacen a la sociedad y particularmente a Rosario y zona de influencia", dijo a la prensa la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, quien calificó como “muy importante” el resultado del operativo realizado ayer.

Al vincular el uso de las armas secuestradas con los hechos delictivos que se suceden en el Departamento Rosario -que en lo que va del año registra 79 homicidios-, el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, dijo que “muchas de esas armas fueron a parar a manos de ejecutores de balaceras y demás acciones delictivas”.

Según las fuentes, la investigación se inició en marzo a partir de un dato que llegó a la Agencia de Investigaciones Criminales (AIC) de la Policía local: un hombre de la localidad de Victoria (Entre Ríos) vendía armas “de boca en boca”.