Superada la pausa estival, la reanudación de la actividad legislativa en Santa Fe no deparó más que nuevos dolores de cabeza para el oficialismo.
Por un lado, el Senado avanzó el jueves pasado con la creación de una comisión destinada a controlar el desempeño de los fiscales provinciales. Una estocada a las pretensiones de la Casa Gris de dividir las aguas con el delito y, de ese modo, dejar atrás las connivencia y las ataduras entre la política y las mafias.

 
La investigación del juego clandestino en la provincia sacudió con fuerza a la Cámara alta. Al punto tal que, luego de arrancar frente a una mayoría opositora en Diputadas y Diputados, merced al veredicto de las urnas, la administración de Omar Perotti hoy también se encuentra en minoría en el Senado como consecuencia de la fragmentación del oficialismo en ese cuerpo.

El déficit parlamentario redunda en no pocos problemas para el gobierno provincial, algunos más visibles que otros. No obstante, en el entorno del rafaelino insisten en que la apuesta al diálogo seguirá sobre el paño.

Paralelamente, el Frente Progresista (FPCyS) celebró —también el jueves— con bombos y platillos la corrección del cálculo de la patente única sobre vehículos para el año fiscal 2021, que había detonado múltiples críticas por imponer, en algunos casos, elevadísimos aumentos.

En la Administración Provincial de Impuestos (API) recordaron que fijar un tope al incremento de la patente fue una iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pero en la coalición opositora se atribuyeron la iniciativa y advirtieron que, “cuando el gobierno tomó conciencia, con las boletas en la calle, recién mandó un mensaje para bajarlo”.

El historial de trabas legislativas viene abultándose desde el debut de la gestión de Perotti y ahora obliga a afinar las tratativas con todos los actores políticos en función de la aspiración oficial de abrirles camino a las controvertidas leyes de seguridad y su similar de conectividad.