No obstante, los jueces Gustavo Goerner y María Cecilia Maiza consideraron que para un mejor análisis de la cuestión se sumen otros peritos para dar mayores precisiones sobre el estado de salud del imputado y si puede ser tratado y revertida esa situación.

La decisión se tomó debido a las conclusiones de un informe realizado por dos integrantes del CMF quienes refirieron una situación de “incapacidad sobreviniente”, aspecto previsto en el artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación.

Esta semana, el defensor había solicitado un peritaje porque sostuvo que el músico no estaba en condiciones de enfrentar un juicio por sus problemas psiquiátricos.

El informe firmado por los dos peritos del CMF planteó que el acusado presentó una incapacidad mental, por lo que los jueces Goerner y Maiza consideraron que debía profundizarse el estudio para que se determine si el estado de Álvarez puede ser tratado y revertido y qué tratamiento sería el indicado.

Para esa ampliación, pidieron la intervención de manera urgente de más profesionales del cuerpo.

Además, el tribunal hizo hincapié en que no se habían respondido puntos periciales claves: si tiene un trastorno cognitivo y la incidencia que podría tener para afrontar el proceso.

Los jueces le requirieron al Programa Interministerial de Salud Mental Argentino que funciona dentro de la cárcel de Ezeiza que remita todos los informes que se hayan producido respecto a la salud del acusado.

Una vez que se analice (con todo el material disponible) y con los objetivos ya delimitados, el Tribunal resolverá qué sucederá con el debate.

Por su parte, el juez Juan María Ramos Padilla consideró que debían ser apartadas las dos integrantes del CMF que firmaron el informe para “dotar de la más absoluta imparcialidad a la junta de médicos psiquiatras y de las especialidades que resulten necesarias”.

Los magistrados habían fijado el inicio del debate para el lunes a las 10.30 y había programado otras cinco audiencias hasta el 9 de abril, todas a realizarse de modo remoto, vía la plataforma Zoom.

El hecho por el que el ex cantante, guitarrista y compositor de las bandas de rock Viejas Locas e Intoxicados será juzgado ocurrió el 12 de julio de 2018 a la 1.30 frente a la puerta de acceso a la Torre 12 B del barrio Samoré, situada en la intersección de Dellepiane Sur y la avenida Escalada de Villa Lugano, en el sur de la Capital Federal.

Según la acusación, Álvarez salió de allí junto a su novia y de repente se acercó a ellos Cristian Maximiliano Díaz (36), alias "Gringo", un conocido del barrio con quien comenzó una conversación que derivó en una discusión verbal.

Según lo que reconstruyó el juez de instrucción Martín Yadarola, esa discusión se dio porque la víctima le recriminó a "Pity" andar diciendo que él le había robado unas pertenencias de una mochila.

Según los testigos, Díaz empujó e intentó pegarle a Pity, momento en que el cantante extrajo del bolsillo derecho de la campera que vestía una pistola calibre .25 y le efectuó a la víctima un primer tiro en la cara y luego, cuando el hombre yacía en el piso, se acercó para rematarlo de otros tres disparos también en el rostro.

Poco después, Álvarez fue hasta el estacionamiento del complejo Samoré, subió con su novia a un Volkswagen Polo y a los pocos metros le pidió a la joven que arrojara la pistola en una alcantarilla de la colectora de Dellepiane Sur y de allí, ambos fueron al local bailable "Pinar de Rocha" de Ramos Mejía.

Paralelamente, concurrió al lugar del hecho personal policial que halló el cuerpo sin vida de Díaz así como las vainas servidas en la calle y la pistola en la alcantarilla.

Álvarez estuvo casi un día prófugo hasta que el 13 de julio de 2018 se entregó en la comisaría 52, único momento en el que se refirió al hecho cuando le dijo a la prensa: "Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo".