Una mujer llamó al 911 a las 6.30 para denunciar que su pareja la había golpeado y amenazado con un arma. El llamado provenía de un edificio de Puerto Madero, esa zona de la Ciudad de Buenos Aires donde tiene jurisdicción policial la Prefectura Naval Argentina. Era un caso de violencia de género.

Los efectivos de la Prefectura llegaron a la puerta del edificio El Faro, uno de los más lujosos de Puerto Madero, y hablaron con la mujer que -acompañada por su hijo pequeño- se había refugiado en la recepción desde donde hizo el llamado al 911. Ella les advirtió que el hombre que le había pegado era muy peligroso y estaba armado. Se dirigieron a la Torre 1, y subieron por el ascensor hasta el piso 35.

Los agentes iban acompañados de testigos. Creían que iban a realizar un procedimiento rutinario tendiente a calmar a un violento que había golpeado a su mujer e iniciar las actuaciones para que intervenga la justicia. Los efectivos recibieron la orden de una fiscal Contravencional de la Ciudad, para requisar el arma y pedirle al hombre los papeles que acreditaran su tenencia legal.

 
Entre el llamado al 911 y el ingreso de los agentes y testigos al inmueble pasó casi una hora y media. Cerca de las 8 abrieron la puerta del departamento A del piso 35 de la Torre 1 con la llave que les había dado la mujer. Cuando entraron se encontraron con un hombre sentado en un sillón del amplio living del departamento valuado en más de un millón de dólares.

La mirada del hombre estaba dirigida hacia la entrada. Había encendido un puro cubano que sostenía con su mano izquierda. En la mesa ratona había un vaso de whisky con dos hielos. Y en su mano derecha tenía una pistola que comenzaba a acercar a su propia boca.

 
Los prefectos le leyeron sus derechos y le explicaron que debía tranquilizarse y alejar el arma de su boca. El hombre no pronunció palabra. Se escuchó el ruido seco de un disparo y los prefectos vieron caer el cuerpo. El habano se perdió bajo la mesa y el whisky quedó abandonado allí. Todo fue filmado.

La mañana del 9 de diciembre pasado se suicidó de un tiro en la boca Miguel Angel Lamparelli, un hombre conocido en el submundo del hampa que había pasado de los arrabales a las torres deslumbrantes de Puerto Madero al compás de estafas millonarias y el lavado de dinero.

Ninguna de las organizaciones de estafadores/financistas que aparecieron a finales de los 90 y principios de los 2000 pudo haber funcionado sin protección política, policial o de organismos de inteligencia. Fueron millonarios a los que no les preocupaba llamar la atención: Lamparelli puso locales gastrónómicos en Puerto Madero y se paseaba en autos de super lujo entre los que estuvo una Ferrari comprada al valijero arrepentido Leonardo Fariña. Contaban dinero negro a la vista de todos y sin intervención de las autoridades.

 
A Lamparelli lo llamaban Mal, por sus iniciales. Y porque se relataban historias truculentas que respaldaban su sobrenombre. Era un pesado. Lamparelli había salido de la cárcel de Marcos Paz en junio de 2020 en medio de la pandemia de coronavirus. Estuvo más de dos años preso a la espera del juicio oral y público que se iba a llevar adelante en el Tribunal Oral Federal 3.

Iba a enfrentarse a un juicio por ser uno de los jefes de una conocida organización basada en Puerto Madero que llegó a contar millones de dólares obtenidos mediante estafas realizadas con certificados impositivos. En 2013 Infobae reveló la existencia de una causa judicial en la que se investigaba a Lamparelli y su banda. En aquella nota se habían publicado fotos de Lamparelli y sus secuaces mientras abrazaban fajos de dólares y brindaban con champán en un departamento-tal vez el mismo del suicidio- de Puerto Madero. El otro jefe, que también aparecía en las imágenes, se llama Adrián Marcal Gago.

Lamparelli conducía una banda que se dedicaba a la falsificación de certificados de crédito fiscal que vendían a empresas y particulares. Con esos papeles los compradores se presentaban ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para cancelar deudas impositivas. La banda cobraba sumas millonarias de los que compraban los certificados de buena fe. Pero cuando les llegaban intimaciones de la AFIP por la falta de pago de sus obligaciones, los empresarios se daban cuenta de la estafa. Para entonces Lamparelli, Marcal Gago y el resto ya habían atesorado parte de lo acordado.

Así juntaron millones. En 2013 fueron procesados por el entonces juez Norberto Oyarbide porque se descubrieron ocho estafas realizadas entre 2005 y 2011 con certificados falsos. En la causa judicial se demostró que empresas importantes como Boldt, Isolux o Crónica TV cayeron en las garras de la banda que tenía como nombre de sus sociedades una expresión de deseo respecto del dinero: Que nunca nos falte (QNNF).

 
En la causa judicial se identificaron nueve integrantes de la organización. Entre los procesados imputados no hay gente conocida. La excepción es Marcelo Mallo. Al quilmeño se lo recuerda como el dirigente que organizó la ONG Hinchadas Unidas Argentina, un emprendimiento barra-brava avalado por el kirchnerismo que financió a los “hinchas caracterizados” que viajaron a alentar a la Selección en el Mundial de Sudáfrica 2010. Mallo, según la investigación judicial, participó en la maniobra por la que resultó estafada Crónica TV.

Cuando Lamparelli se presentaba antes las empresas y los particulares que iba a estafar usaba pelo largo atado con una colita. El día que fue llevado a una rueda de reconocimiento ordenada por Oyarbide en la los damnificados debían identificarlo, apareció con el pelo rapado a cero. Igualmente lo reconocieron y lo procesaron.

 
Allá por julio de 2014 los entonces integrantes de la Sala II de la Cámara Federal, Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, en la confirmación del procesamiento explicaron la maniobra: “Centralmente, se investigan un grupo de operaciones a través de las cuales, y mediante la confección y presentación de documentación apócrifa, diversas personas que se presentaban como titulares de sociedades en actividad, aparentando tener a su favor créditos y bonos fiscales, se contactaban con empresas que mantenían importantes deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos y les ofrecían cancelar sus obligaciones tributarias mediante la cesión onerosa de sus títulos, abonando por ellos, en general, una suma dineraria equivalente a poco más del noventa por ciento de su valor nominal. El ardid así desplegado fue, en la mayoría de los casos, tardíamente detectado, dado que las adquirentes eran advertidas de la falsedad de los documentos cancelatorios al ser intimados por el organismo recaudador al pago de los impuestos atrasados, circunstancia que ocurría varios meses después de la formalización de las cesiones y cuando la mayor parte de los cheques entregados a cambio habían sido cobrados. Algunas empresas, incluso, fueron sometidas a procesos penales que tramitaron ante el fuero penal tributario”.

En 2021 iba a comenzar el juicio que contará con una particularidad: no estarán en el banquillo de los acusados los jefes de la banda ya que Lamparelli se suicidó y de Marcal Gago no hay ningún rastro.

En 2017 tanto Lamparelli como Marcal Gago dejaron de cumplir con las obligaciones que les impuso el Tribunal Oral Federal 3 para que llegaran al juicio en libertad y por eso se pidieron sus capturas. Lamparelli fue detenido en un procedimiento ordenado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que tiene a su cargo una investigación por casos similares a los que ya están en juicio oral. Pero de Marcal Gago, a quien se lo vinculó con La Rosadita, la financiera de Lázaro Báez, no se sabe nada más. Se desvaneció. No se lo encuentra por ningún lado. La fiscal del juicio Fabiana León insiste con su búsqueda que llevó adelante sin éxito el área encargada de hallar los prófugos de la Policía Federal. En la causa por el suicidio interviene la fiscalía de Instrucción a cargo de Marcelo Roma.

Se sabe que Lamparelli dejó una carta cuyo contenido no ha sido revelado. La hallaron cerca de la caja de habanos de dónde sacó el que sostenía en un mano izquierda hasta que se pegó un tiro.