A pocos días de cumplirse seis años de la muerte de Alberto Nisman, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi embargó bienes y cuentas bancarias a su madre y hermana, y ordenó una investigación patrimonial, en la causa por presunto lavado de dinero, a raíz del hallazgo a su nombre de una cuenta en Estados Unidos no declarada, cuyo apoderado era el fallecido fiscal.

 
La medida fue dispuesta el 24 de noviembre último, luego de que la Cámara Federal porteña instó al magistrado a actuar con "celeridad" en la investigación por esa cuenta que tenía 633.000 dólares, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

La sala I de la Cámara Federal porteña deberá resolver si avala los embargos preventivos dispuestos por Martínez De Giorgi, en la causa que tiene como querellante a la AFIP y que fueron apelados por la defensa de Sara Garfunkel, madre de Nisman y de Sandra Nisman, su hermana.

"Las medidas a decretar, tienen por objeto obtener y sumar legalmente pruebas o elementos de convicción que permitan un conocimiento acabado de los hechos que motivan las presentes actuaciones y evitar que los imputados pudieran continuar obteniendo un beneficio de lo que podría ser producto de un ilícito", sostuvo el juez en la resolución.

Entre las medidas ordenadas figura un informe sobre el patrimonio de los imputados en la causa, la madre y hermana del extitular de la Unidad Fiscal AMIA, del técnico informático Diego Lagomarsino y un empresario, Claudio Picón.

 
El juez pidió a los peritos analizar los lazos "parentales, conyugales y societarios" además de "herencias recibidas" e historia laboral entre otros aspectos.

En esta pericia incluyó al fallecido Nisman, pidió tomar en cuenta las fechas en que ingresó a la Justicia y solicitó informes sobre la causa que tramita su sucesión en el fuero civil.

"Como dato relevante debe considerarse que la cuenta bancaria que vinculaba a los encausados 5v3-50653 del Merrill Lynch Bank of América de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, conforme documentación de autos, fue abierta con fecha 7 de marzo de 2002", consignó la resolución.

Además, dictó el embargo preventivo de bienes muebles e inmuebles de los cuatro imputados.

El juez dispuso un entrecruzamiento de llamados entre las líneas telefónicas informadas en la causa para establecer si "tuvieron comunicaciones y vínculos entre sí", diligencia que encomendó a la "Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado" dependiente de la Corte Suprema.