La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de movilidad jubilatoria que establece que los haberes de los haberes pasivos se ajustarán con una fórmula que combina un 50% de la recaudación de la Ansés y otro 50% de variación salarial. Con 132 votos positivos, 119 negativos y ninguna abstención, y tras un debate en el cual expusieron más de 50 legisladores, el Frente de Todos, junto a diputados del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, de Córdoba Federal, y de Movimiento Popular Neuquino, consiguió imponer el proyecto por un ajustado margen.
El rechazo reunió los votos de Juntos por el Cambio, la izquierda, Partido de la Justicia Social, el socialismo, y Consenso Federal.

 El proyecto propone incrementos trimestrales para unos 18 millones de personas, entre jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, pensiones no contributivas, y pensión al adulto mayor.

En las primeras cinco horas de debate, los oficialistas defendieron el aumento en base a ese sistema propuesto por el Ejecutivo, mientras los opositores pidieron que se incluya en ese coeficiente el índice de inflación.

La diputada del Frente de Todos (FdT) Florencia Lampreabe aseguró que el proyecto que impulsa el gobierno es para recuperar las jubilaciones, y recordó que los haberes de los pensionados “pasaron de ser los más altos de Latinoamérica en el 2015 a unos de los más bajos en el 2019”.

La legisladora señaló también que la movilidad sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri implicó “condenar a los jubilados a una vida sin dignidad ni felicidad” y aseguró que la gestión de Alberto Fernández “viene ahora a reparar lo que han dañado”.

Desde Juntos por el Cambio, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, estimó que “esta es una fórmula estrambótica, compleja y desactualizada”. El diputado opositor sostuvo que “lo que se debe garantizar es un piso a los jubilados para que no pierdan en el tiempo”, y dejó en claro que su bancada rechaza en forma “total, irrevocable y consistente” esta iniciativa.

El diputado del Frente de Todos, Ariel Rauschenberger, observó que se debate “una fórmula que va en consonancia con el tipo de país que queremos, que es una Argentina con un modelo económico de desarrollo y producción, que necesita un sistema previsional solidario, redistributivo y solidario”.

El radical Luis Pastori, dijo que “pretender ajustar jubilaciones por recaudación, dejando de lado la inflación es una muy mala idea” y sostuvo que la nueva fórmula “no tiene otro destino que la Justicia”, donde se van a atender las demandas de los jubilados luego de “un tiempo que muchas veces suele ser demasiado tarde”.

La diputada del Frente de Todos, la bonaerense, Alicia Aparicio, afirmó que esta fórmula “es mejorada y similar a la que se implementó entre 2008 y 2017 de manera racional y responsable” y cuestionó el cambio de formula impulsado durante el gobierno de Cambiemos, al defender los incrementos en los haberes dispuestos por el gobierno de Alberto Fernández.

Desde el Movimiento Popular Neuquino, Alma Sapag, lamentó que “este proyecto haya caído en la grieta que empobrece el debate”, al sostener que “detrás de los cambios sobre movilidad se esconde un debate muy profundo que debemos dar pronto y es el del sistema previsional en su conjunto” y dijo que “no existe una formula mágica”.

 El nuevo sistema es una versión mejorada de la fórmula que rigió entre 2008 y 2017, y por la cual las jubilaciones aumentaron su poder adquisitivo en un 25%. Sólo en tres años de su vigencia, dos del kirchnerismo y uno de Macri, hubo caídas. Tras el cambio de fórmula durante el gobierno anterior, los haberes perdieron 25% en dos años.