Sin discusión ni promoción previa, este jueves la Legislatura santafesina sancionó dos leyes que, para cierta parte del oficialismo buscan “condicionar” al ministro de Seguridad Marcelo Sain; y para la oposición “transparentar” la gestión. Por cómo se convirtieron en ley todo indica que la primera lectura parece ser la más acertada. Las sanciones, además, terminaron por romper un hilo que venía ya muy tenso al interior del gobierno de Omar Perotti ya que fueron legisladores peronitas quienes acompañaron la jugada política del Frente Progresista. El propio Sain señaló que en realidad hay una "intención por controlar las investigaciones contra la mafia". El ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, habló de “goles en contra. y el diputado provincial oficialista, Leandro Busatto, de “códigos parlamentarios rotos”. 

 
La primera de las iniciativas prohíbe que funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), o de sus órganos de apoyo se desempeñen en cualquier tarea en otro Poder del Estado provincial o nacional. Es decir, Sain no debería ser ministro según esta ley por ser funcionario en licencia del Organismo de Investigaciones del MPA.

La segunda ley genera controles sobre los llamados “gastos reservados” en materia de Seguridad e investigaciones a cargo de efectivos policiales y fiscales.

 
"Control parlamentario de los fondos reservados es el eufemismo que están utilizando para controlar las investigaciones complejas contra la mafia en Santa Fe", disparó Sain. 

 
En ningún caso las leyes pasaron por comisión ni se admitió la discusión en el recinto. Tampoco se conocían en los pasillos, algo que sorprendió a la prensa especializada. En una maniobra muy bien calculada, ambas leyes se aprobaron sobre tablas. “Entre gallos y medianoche”, describió Busatto en contacto con Radio 2 que este jueves retiró a la bancada justicialista de la sesión.

 
“Con estupor asistimos a una maniobra parlamentaria que si bien está dentro de la legalidad y el marco reglamentario, quebranta todos los códigos parlamentarios y de alguna manera hace abuso de una mayoría circunstancial –criticó–. Sancionar sobre tablas en un enroque con el Senado una ley que modifica el perfil de los fiscales y el control de gastos reservados, sólo para condicionar a la gestión del ministro de Seguridad deja de ser una oposición constructiva preocupada por la seguridad y el funcionamiento de la Justicia”.

Por su parte, el ministro Michlig llamó la atención sobre la otra “pata necesaria” para semejante movida: los propios, el fuego amigo. “Muchos años jugué de arquero en un equipo de «compañeros »". Los goles que más me dolían eran los goles en contra”, tuiteó este jueves.

 
En tanto, desde la otra vereda, el diputado Pablo Oliver, autor de una de las dos iniciativas, la de la incompatibilidad, defendió ambas normativas. Sostuvo que era “imprescindible agregar las incompatibilidades de carácter político” y darle “un marco de seguridad y transparencia a los fondos reservados.