El juicio por la megaestafa inmobiliaria desarrollada en nuestra región fue postergado para el próximo año para no entorpecer su normal desarrollo. Debido a que se extenderá por más de dos meses y que la fecha original del 7 de octubre no pudo cumplirse, las partes acordaron iniciarlo durante el próximo mes de marzo.

El fiscal Matías Merlo, quien estuvo a cargo de la investigación por decenas de maniobras realizadas por una estructura cuyos integrantes cumplían distintos roles y tareas para apropiarse de manera ilegal de casas y campos de personas ya fallecidas o de avanzada edad que por su indefensión o vulnerabilidad no podía reclamar. Todo esto quedó asentado en escuchas telefónicas, donde consta que esta práctica se desarrolló de manera sistemática durante años.

“El juicio tendrá fecha de inicio el 15 de marzo. Hay alrededor de 300 testigos y ocho imputados, se había establecido el inicio para el 7 de octubre, pero no se podía cumplir por la circunstancia de que había otros juicios orales en marcha”, contó Merlo.

De esta manera, debía ser postergado por algunas semanas, pero debido a la extensión que tendrá, si comenzaba a fines de octubre o principios de noviembre “podía pasar que el juicio no se complete antes de la feria, y en caso de paralizarse por 15 días todas las actuaciones, el desarrollo anterior es inválido, debiendo iniciarse un juicio nuevo”, aclaró el fiscal.

En base a estas circunstancias, “entre las partes nos pusimos de acuerdo para hacerlo dentro de un contexto más favorable, esperando que para marzo baje la cantidad de contagios, quedando fijada para el 15 de marzo el inicio”, completó Merlo.

El juicio busca establecer las responsabilidades por la apropiación ilegal de 32 propiedades que los investigadores valuaron en una cifra cercana a los 1.000 millones de pesos. La causa empezó con muchos imputados, pero varios llegaron a procedimientos abreviados sobre su responsabilidad penal y la aceptación de la pena. En definitiva son ocho las personas que serán llevadas a juicio, donde el fiscal considera que están los elementos para comprobar que existió una asociación ilícita encabezada por el abogado venadense Antonio Di Benedetto.

“En los juicios normalmente se producen diez declaraciones por día, estamos hablando de 30 o 40 declaraciones por semana, y si hay 300 testigos, quiere decir que demandará mínimo un par de meses. A eso debe sumarse la parte de elaboración de la sentencia por parte del tribunal”, había estimado oportunamente el juez Tomás Orso.

Juan Miserere/V24