De acuerdo a lo establecido por el decreto 779/20 del presidente Alberto Fernández, en detrimento de Corredores Panamericanos, que se había hecho cargo en 2018 en el marco de la licitación impulsada por la gestión de Mauricio Macri, que quedó trunca. Todos los empleados fueron traspasados automáticamente a la nueva concesionaria, que es una empresa de conformación estatal.

El decreto expresa: “Otórgase la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación y prestación de servicios a Corredores Viales S.A.”.

Todos los contratos de trabajo del personal que se encuentra en relación de dependencia con los contratistas predecesores se trasladan a la nueva concesionaria, contemplando la antigüedad y respetando las demás condiciones laborales vigentes. Esto no incluye al personal jerárquico. En la ruta 33 son 20 los empleados, mientras que en la ruta 8 son 30 los trabajadores.

El plazo fijado de la nueva concesión es por diez años, hasta el 30 de septiembre de 2030, aclarando que “en cualquier momento y previa intervención de la Autoridad de Aplicación, se podrán afectar o desafectar tramos de rutas, autovías y autopistas de la concesión”. También puede prorrogarse por períodos sucesivos.

Todavía el personal no recibió ninguna comunicación sobre la posible vuelta de los peajes, que fueron levantados de la ruta 33 tanto en Venado Tuerto como en Casilda. No obstante, el decreto fija que los ingresos de la nueva concesionaria “comprenderán las tarifas que se aplicarán a los usuarios, los ingresos que obtenga de la explotación de las áreas de servicios y de explotaciones complementarias y las subvenciones, subsidios y/o transferencias de aportes del Estado nacional”.

Por otro lado, el decreto aclara que Corredores Viales podrá mantener o prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2021 los contratos, convenios o relaciones comerciales existentes con el contratista saliente, tanto para servicios, mantenimiento o provisión de bienes e insumos.

¿Y la autopista?

El artículo cuarto del decreto presidencial instruye a la Dirección Nacional de Vialidad a impulsar la realización de las obras prioritarias pendientes de ejecución, a raíz de la extinción de los contratos de participación público privada, relacionados con la red de autopistas y rutas seguras.

Es decir que se mantiene vigente el proyecto para los corredores viales E y F, donde están contempladas las rutas nacionales 8 y 33. Claro que deberá aparecer la decisión política de ejecutarla, previo presupuesto y llamado a licitación.

Cabe recordar que el 26 de julio de 2018 se suscribieron sendos contratos de participación público privada con las empresas Corredor Panamericano I y II. Ante el no inicio de las obras pautadas y adjudicadas, los convenios fueron extinguidos por mutuo acuerdo el 30 de septiembre.

No obstante, ante la necesidad de garantizar la conservación y mantenimiento de las rutas, autovías y autopistas, se pasó la concesión a Corredores Viales S.A., cuyo capital social se encuentra  conformado en un 51 por ciento por el Ministerio de Obras Públicas y un 49 por ciento por la Dirección Nacional de Vialidad.

Juan Miserere/V24