El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, intervino el puerto de la ciudad de Reconquista luego de recibir un informe del representante de la provincia en el Ente Portuario, donde manifestaron que "contenía irregularidades cometidas por la concesionaria de la terminal, perteneciente al grupo Vicentin".
 
El mandatario provincial firmó el lunes el decreto que se dio a conocer este miércoles. A través del mismo, el gobernador designó como titular de la intervención al actual representante de la provincia en la entidad, Martín Deltin.

El decreto precisa que el 14 de febrero pasado “se eleva informe-denuncia del actual representante del Poder Ejecutivo en el Puerto de Reconquista y que por su gravedad origina los presentes actuados”.

El informe reveló que, supuestamente, “la ‘Terminal A’, espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, está inactiva y sin operaciones desde el año 2004”.

De acuerdo al trabajo realizado por Deltin, “ello es así porque ‘Terminal A’ no efectúa un embarque desde el año supra indicado, no registra movimiento portuario alguno", situación que configura "un claro incumplimiento de la concesionaria de la citada terminal de no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual".

El decreto añadió también, que “la ‘Terminal B’ utiliza la bajada con un muelle flotante para el servicio de balsa, consistente en el transporte de personas y vehículos, cubriendo el trayecto Reconquista-Goya” y que "el resto de las instalaciones están destinadas al uso privado de guarderías (de lanchas)" y a un estacionamiento.

Perotti indicó en el decreto de intervención que "por la magnitud, extensión y capacidad y funciones del puerto, claramente ha cesado y abandonado su destino comercial, dando sólo cabida a la actividad recreativa privada, en abierta y prístina violación del destino del puerto previsto por la ley".

"No existen registros de haber cumplido en tiempo y forma con la obligación de elevar al Poder Ejecutivo el balance general al 31 de diciembre de cada año", añade el decreto, que ordena la intervención del puerto por 180 días.