“Si el gobernador demoró tanto en aceptar la renuncia del ministro de Salud, Carlos Parola, a quien recién la semana venidera reemplazará oficialmente en el cargo, no parece posible que le siga de inmediato la salida de otro ministro”. La definición, en estricto off, fue todo lo más cercano a un pronunciamiento que ayer emitió la Casa Gris tras el rumor de una posible renuncia del ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, disparado de modo simultáneo con la confirmación del presidente Alberto Fernández de que expropiará la firma santafesina Vicentín.

Evitar la sangría

La administración de Perotti está haciendo lo imposible para impedir que se vaya el ministro. No sólo para evitar una sangría que se vería muy mal sino porque Costamagna es alguien de confianza del propio gobernador.

   Tanto es así que las reacciones opuestas de ambos ante el anuncio original del presidente de una intervención seguida por una expropiación fue leída por algunas fuentes como una estrategia deliberada. Efectivamente, mientras el mandatario, aunque sin una contundencia definitiva, dijo que acompañaba las intenciones presidenciales, su propio ministro fue tajante en rechazar una de las opciones: la expropiación.

   La versión ganó verosimilitud entre la noche del jueves pero desvaneció en el mediodía de ayer. Es que el jueves a la noche el gobernador y el CEO de Vicentín, Sergio Nardelli, fueron recibidos por el presidente. Al salir de esa reunión, Perotti, otra vez haciendo gala de su proverbial cautela hizo declaraciones que permitieron a todos deducir que si bien seguiría la intervención la idea de la expropiación parecía alejarse.

   Y fue el propio Costamagna quien le dio forma a esa interpretación en declaraciones en varios medios durante toda la mañana. “Sin a lugar a dudas, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente, quien a través de esta herramienta legal y jurídica lógicamente válida dio inicio al proceso de intervención de la empresa, es lo que se necesita para generar este trabajo que desde la provincia de Santa Fe vamos a acompañar y tiene que ver con la búsqueda de alternativas superadoras, que se relacionen con las cooperativas, con YPF Agro, con productores, acopiadores y todos aquellos que están involucrados en este gran complejo agropecuario y agroexportador”.

 
 
   Es más, el ministro llegó a decir que la idea de una solución mixta fue la solución que siempre imaginó la provincia. Esto abona la idea de que marchó a la par de Perotti en evitar que la empresa deje ser enteramente santafesina en su composición.

   Claro que esa idea estalló por los aires cuando el presidente se ratificó en la expropiación como única salida. El cimbronazo se sintió en el corazón del gobierno santafesino al que llegaron los ruidos de las cacerolas en las masivas manifestaciones de miércoles y jueves últimos.

   De ser esto así se entiende lo que las fuentes del palacio dijeron a este diario: que Costamagna no se va o al menos Perotti busca evitar que ello ocurra haciendo todo lo posible.

Diputados de la UCR piden informes sobre la empresa

Un grupo de diputados del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó ayer un pedido de informes al Ejecutivo nacional con la información contable y societaria del Grupo Vicentin, ante la "trascendencia institucional que implica la decisión de intervenir transitoriamente la empresa".

Los legisladores nacionales del partido que integra el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) consideran que "decisiones de tal envergadura ponen en grave riesgo a la propiedad privada y a la seguridad jurídica, desalentando la confianza para las inversiones productivas, que tanto necesita nuestro país para generar fuentes de trabajo".

Un comunicado de prensa de la UCR informó que 25 diputados, encabezados por los mendocinos Jimena Latorre y Alfredo Cornejo, solicitaron al gobierno nacional datos sobre "el detalle de la composición del pasivo concursal, con indicación de la nómina de acreedores afectados, balance general y demás información relevante" de Vicentin.

Además, solicitaron que se informe sobre "hechos relevantes de Vicentin, previo a la declaración del estado de cesación de pagos, para poder saber sobre cualquier hecho que pudiera resultar significativo, a los fines de evaluar ulteriores riesgos a tomar por parte del Estado".

"No conocemos la deuda exacta ni quiénes están detrás de cada una de las empresas del grupo; hay una causa que investiga a los directivos y aun así se estarían comprometiendo los fondos públicos", dijo Latorre a través del comunicado.