La compra masiva de alimentos destinados a sectores vulnerables a precios mayores de los del mercado encendió ayer la polémica y derivó hoy en el primer pedido de renuncia de un funcionario en el gobierno de Alberto Fernández.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo se reunió esta tarde con Gonzalo Calvo y le pidió la renuncia como secretario de Articulación Política Social. Este funcionario había quedado desde ayer en la mira cuando se hizo pública la compra de alimentos con sobreprecios.

La tarea de Calvo tenía que ver con garantizar que los alimentos lleguen a destino. Este funcionario ya había trabajado en el área de Desarrollo Social durante la gestión de Alicia Kirchner y era un dirigente que respondía al grupo de intendentes del conurbano que logró distintos lugares en el reparto de cargos.

Una de sus últimas funciones fue en la municipalidad de Almirante Brown como secretario de Seguridad. Dejó este cargo en marzo del año pasado después de una investigación por el presunto pedido de coimas por la cual fue sobreseído.

Calvo no sólo tenía el apoyo de Cascallares, sino también de otros intendentes como Martín Insaurralde (Lomas de Zamora).  «Gonzalo no compraba los alimentos, si no que era el encargado de hacer los pedidos, acá la pagó sin tener nada que ver”, dijo uno de los jefes comunales al enterarse del pedido de Arroyo para que deje el cargo.

Desde el ministerio informaron que “ayer se inició una investigación sumaria y se está haciendo una revisión de los circuitos administrativos y de otras áreas por lo que no se descartan más cambios”.

Calvo no es el único que quedó en la mira ya que hay otros funcionarios señalados como Cecilia Lavot, Secretaria de Gestión Administrativa y Laura Alonso, secretaria de Inclusión Social.

Todos responden a distintos sectores de la alianza de con la que Alberto Fernández llegó al Gobierno. Gobernadores, La Cámpora, el massismo, intendentes, sindicalismo y organizaciones sociales: al ganar las elecciones los distintos sectores aliados comenzaron a reclamar espacios y el propio Presidente decidió repartir el poder sin que ningún sector tenga todo el control. La estrategia era clara: si la cabeza de un ministerio respondía a un sector, las segundas líneas debían ser repartidas entre los otros. Ese “loteo” del gabinete se evidenció en el ministerio de Desarrollo Social.

Daniel Arroyo ganó la pulseada para estar al frente. El dirigente, que tenía el respaldo de Felipe Solá y fue unos de los primeros en apoyar la candidatura de Fernández, debió dar fuertes batallas. Peleó incluso contra un amigo del Presidente, José “Pepe” Albistur. El empresario y publicista quería el cargo para su mujer, Victoria Tolosa Paz, quien finalmente fue «recompensada» con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.