La posibilidad de que un ex policía que ya cumplió condena por el asesinato de Claudio "Pocho" Lepratti ingrese a las filas de la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Arroyo Seco generó fuerte repudio y resistencia por parte de familiares de la víctima y organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos locales y de la región.

Se trata del ex agente del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez Esteban "Tiky" Velázquez, quien el 19 de diciembre de 2001 abrió fuego contra el recordado militante social rosarino, cuando en medio de la represión le suplicaba a la policía desde el techo de la Escuela Nº 756 del Barrio Las Flores que dejara de disparar "porque había niños comiendo".

Luego de ser condenado a 14 años de prisión por el homicidio, Velázquez salió en libertar condicional en 2011. Y a pesar de que la fiscal Elida Rivoira en su momento solicitó 18 años de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, no se incluyó en el fallo esa sanción accesoria (ver aparte).

Debate ético y legal

Lo que apuntalan las organizaciones sociales que advirtieron sobre la situación, es que la ley nacional Nº 25.164 impide el acceso a cargo públicos al personal que fue exonerado de las fuerzas de seguridad, como Velázquez. Esa norma está por encima de los decretos municipales, lo cual fundamenta el aspirante a la GUM arroyense para el cual ya fue preseleccionado.

Ese punto fue el que desató una andanada de cuestionamientos éticos en torno a las intenciones del ex policía de volver a ocupar una función con responsabilidad tan sensible en la seguridad ciudadana.

El malestar fue visibilizado a través de elocuente comunicado publicado en Facebook bajo el interrogante "la seguridad y la convivencia en una ciudad puede quedar en manos de quién asesinó al Pocho". En esa dirección los firmantes del texto resaltan la necesidad de "alertar y debatir con la ciudadanía, si personalidades como la de (Velázquez), representan el modelo de quien debe brindar la seguridad y el espíritu de convivencia desde un organismo del Estado". Y tras considerar que "su figura está en las antípodas de una concepción ética, moral, humanista y de derecho para desempeñar tal función", dejan "claramente" sentada su "oposición ante la comunidad y el Ejecutivo, que finalmente decidirá sobre su admisión", para finalmente invitar a sumarse al rechazo.

 
 
El documento está suscripto por familiares del militante social asesinado durante el gobierno del ex gobernador Carlos Reutemann en el marco de crisis y represión que ensombreció al país, la biblioteca Pocho Lepratti, FM La Hormiga Radio Comunitaria, Asamblea del 19 y 20, Arde Matria, ATE Rosario, APDH, CTAA Rosario, Cultura en movimiento, Comisión Permanente de Recuperación Histórica Arroyo Seco, entre otras organizaciones.

El posteo sobre la denuncia pública de la situación generó impacto en las redes sociales donde no tardaron en sumarse y reproducirse comentarios que reflejan mayoritariamente una cerrada oposición a que el ex policía termine trabajando en una dependencia municipal creada para desalentar el delito y mejorar las seguridad local.

Los principales planteos van en sintonía con la postura esgrimida en el documento de que si bien "Velázquez fue juzgado y cumplió una condena, creemos en la necesidad de alertar y debatir con la ciudadanía toda, si personalidades como la de él, representan el modelo de quien debe brindar la seguridad y el espíritu de convivencia desde un organismo del Estado".

Pocho Lepratti trabajaba como asistente escolar en la Escuela Nº 756 de Barrio Las Flores donde fue asesinado ya hace 19 años durante los disturbios y represión de 2001 mientras le imploraba a las fuerzas policiales que no disparen porque había niños en el establecimiento, frase que inspiró la ya afamada canción que le dedicó León Giecco con el título "El ángel de la Bicicleta" y cuyo estribillo reza: "Bajen las armas, aquí sólo hay pibes comiendo".