Pasó poco menos de un año hasta que en Rosario se volvió a hablar de una balacera con impacto institucional tras una veintena de ataques imputados a dos pesos pesados del hampa local: Máximo Ariel “Guille” Cantero y Esteban Lindor Alvarado. Al filo de la medianoche del jueves, desde una moto en la que iban dos hombres con cascos, dispararon al menos siete veces contra el Centro de Justicia Penal (CJP). Cuatro de esos balazos impactaron sobre las puertas de blindex del ingreso del personal sobre calle Mitre; los otros tres sobre una pared de la explanada.

   En el lugar los peritos policiales recolectaron seis vainas servidas de un calibre que no se precisó pero que se infiere serían de alta potencia. Y el ataque fue registrado por al menos tres cámaras de videovigilancia del lugar que captaron el paso de la moto y cuyos registros son evaluados en principio por el fiscal Carlos Covani, de turno en la Unidad de Flagrancia.

   Ayer a la mañana, el movimiento del edificio de Virasoro y Mitre era acorde al de un día de feria judicial. No había audiencias programadas con reclusos de “alto perfil”. Tampoco se desarrollaban juicios con esas características. Sólo un par de audiencias con detenidos en las últimas 48 horas por diferentes delitos. En el edificio funciona el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Servicio Público Provincial de Defensa Penal y el Colegio de Magistrados de primera instancia.

Hipótesis difusas

Ninguna de las partes relacionadas con la investigación se corrió ayer de abajo del paraguas de la cautela para hablar de líneas investigativas que orienten hacia una posible motivación en un ataque con multiplicidad de lecturas. Desde que comenzó hace cuatro semanas la gestión del gobierno de Omar Perotti y la gestión de su ministro de Seguridad, Marcelo Saín, sucedieron una serie de hechos que generaron una usina de análisis o dobles lecturas.

   El desplazamientos de jefes y cambios de cúpulas policiales al inicio del gobierno en las 19 unidades regionales de la provincia. El conflicto entre el ex jefe de la Unidad Regional II, Marcelo Gómez, con el mismísimo Saín el primer fin de semana de gestión por el quite de custodias a edificios del Poder Judicial que habían sido atacados a balazos, incluso el mismos CJP. La fuga de Lucas Ponce, el 19 de diciembre, quien estaba con prisión domiciliaria y tobillera electrónica y desapareció horas antes de ser condenado a 18 años de cárcel. La evasión, un día después, de Ariel “Teletubi” Acosta de un calabozo del Centro de Justicia Penal; y por si eso fuera poco, la postergación del pago de sueldo a los empleados públicos, entre ellos los policías. Quizás todos esos elementos podrían ayudar a entender la pregunta: ¿Quién está detrás de esta última balacera al CJP?

 
 
Desde una moto

Ayer, pasados 15 minutos de la medianoche, tres policías de la Unidad Regional II custodiaban el interior del CJP ubicado en la manzana delimitada por Sarmiento, Mitre, Virasoro y Rueda. El cambio de gobierno en la provincia motivó que el exterior del edificio dejara de ser custodiado por dos móviles policiales que solían estar estacionados en Sarmiento y Virasoro y en Rueda y Sarmiento.

   La custodia externa quedaba a merced de un par de policías caminantes que realizaban rondines de seguridad cada tanto. A la hora señalada, desde una moto que circulaba por Mitre, se produjeron siete detonaciones sobre el acceso del personal al edificio. Cuatro proyectiles impactaron sobre tres paneles de blindex de las puertas y otros tres sobre la pared de mármol de la explanada. La escena fue captada por tres cámaras de videovigilancia: una ubicada sobre la puerta de ingreso y dos en las esquina de Rueda y Virasoro. Los motociclistas llevaban puestos cascos y, según lo registrado por las cámaras, continuaron su marcha por Mitre hacia el norte.

   Un testigo circunstancial indicó además que vio un auto que realizaba “movimientos extraños” como es circular a baja velocidad y dando al menos una vuelta a la manzana del CJP. Consultadas fuentes de la pesquisa confiaron que el vehículo descripto por el testigo no aparece en las imágenes, aunque no se descarta la teoría de que haya sido un apoyo a los tiradores de la moto.

   Uno de los policías que estaban en el interior del CJP vio fugazmanente la escena de los disparos, pero no pudo hacer nada. “Entre los policías que están de guardia en el edificio siempre se charla, de manera informal, de que no hay que quedarse mucho tiempo sobre los ventanales porque quedás regalado a cualquiera que pase y dispare”, comentó un efectivo consultado.

El tercer ataque

Desde el 29 de mayo de 2018, cuando comenzó la saga de balaceras de impacto institucional, el CJP se transformó en un depósito de mensajes enigmáticos que se tradujeron en al menos tres ataques a balazos: el 5 de agosto, el 10 de diciembre y el de ayer.

   Claro está que ya las balaceras parecen no despertar el interés y relevancia de antaño. No hubo esta vez funcionarios de alto rango político provincial y mucho menos nacional visitando la escena del ataque, tampoco gran despliegue de peritos analizando el lugar. Al edificio se acercaron para dialogar con el fiscal Covani el ministro de la Corte Suprema Daniel Erbetta (ver aparte) y la fiscal de Cámara María Eugenia Iribarren, quien reemplaza al fiscal regional Patricio Serjal en uso de licencia. Erbetta indicó al salir del CJP que se había comunicado con el ministro Saín.

   La primera etapa de la saga de ataques con alto impacto institucional comenzó el 29 de mayo y se prolongó hasta el 14 de agosto de 2018. Fueron 15 hechos que incluyeron tiros contra propiedades que habían pertenecido a jueces que formaron parte de las distintas etapas del enjuiciamiento y la revisión de la condena a la banda de Los Monos. Sobre el final de ese bloque de ataques apareció como sello de autor un cartel que los agresores dejaban con la leyenda “con la mafia no se jode”.

   En el marco de esa serie de episodios, los fiscales de Gravedad Institucional Miguel Moreno, Matías Edery, Nicolás Foppiani y Aníbal Vescovo imputaron a Ariel Máximo “Guille” Cantero como autor intelectual de al menos siete hechos que coordinaba desde la cárcel de Piñero, donde estaba detenido. Otras diez personas también fueron imputadas por diferentes episodios, como Daniel “Teletubi” Delgado (instigador en dos episodios), Matías Nicolás César (instigador en cinco casos) y Lucía Uberti, a quien le atribuyen haber planeado y coordinando “la faz operativa” de al menos ocho hechos, organizando a los tiradores que concretaban los ataques.

Otro acusado

La segunda etapa en la saga de balaceras contra instituciones y actores judiciales se abrió la madrugada del 10 de diciembre de 2018 cuando en un lapso de 24 minutos fueron atacados los Tribunales provinciales de Balcarce al 1600 y el CJP. Esa saga, de cinco hechos, incluyó los perpetrados contra el Concejo Municipal y la Fiscalía Regional de Montevideo al 1900, los días 19 y 20 de diciembre pasado respectivamente; y el ataque a balazos en Rioja al 500, el 31 de enero de 2019, contra la casa una funcionaria del MPA que participó en investigaciones de balaceras contra inmuebles vinculados al Poder Judicial.

   Por esa saga, los fiscales Edery y Schiappa Pietra imputaron a Esteban Lindor Alvarado como cabeza de una organización ilícita que se financiaba con empresas constituidas legalmente para cometer tropelías, entre ellos varios asesinatos.

   Por el momento la pesquisa del ataque a balazos contra el CJP de ayer estará en manos del fiscal Covani, quien ordenó algunas medidas investigativas de rigor. Una vez finalizada la feria pasaría el expediente a la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del MPA.