En la oportunidad, personal de la Policía Federal Argentina cumplió el oficio judicial en busca de información en el marco de una investigación por delitos económicos y financieros relacionada con la controvertida "Causa de los Cuadernos".
La investigación de la Justicia Federal se enmarca en las declaraciones brindadas por el ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Obras Públicas en la anterior gestión kirchnerista, Germán Nivello, quien era el "número dos" de la cartera y estaba bajo el mando de José López, tristemente célebre por arrojar millones de dólares en bolsos dentro de un convento.

El objetivo explícito de los "federales" era obtener documentación relacionada con la polémica causa, más precisamente facturas por "honorarios profesionales" a nombre de Romina Carla Iacovino, esposa del citado Nivello, quien se erigió en el primer ex funcionario del kirchnerismo en reconocer los sobornos, en el marco de su declaración como imputado en el escándalo originado tras las revelaciones de los cuadernos del chofer Centeno. En paralelo, la AFIP elevó un informe sobre el patrimonio de los imputados, y entonces el organismo recaudador detectó que Iacovino había facturado de manera constante, entre 2014 y 2015, a numerosos municipios de todo el país, verificando en ese período que la socióloga -se dedicaba a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial- había adquirido numerosas propiedades, algunos de ellas en lugares muy cotizados.

Aunque en principio circuló el rumor de presuntas maniobras de lavado de dinero, con el correr de las horas se estableció que la principal sospecha de los investigadores es que la mujer, merced a sus vinculaciones políticas, conseguía obras a los intendentes, imponía las empresas constructoras y les cobraba los servicios de la "coima" con una factura de servicios profesionales.

El operativo simultáneo fue exitoso, a juzgar por la gran cantidad de facturas secuestradas en las sedes municipales requeridas, aunque no trascendieron mayores detalles. A pesar del hermetismo, se filtró que en la administración local había siete facturas emitidas por Iacovino en concepto de "honorarios profesionales", en tanto que se encontraron cuatro en Sunchales y dos en Casilda.

Más precisiones
Fuentes del gobierno justicialista saliente consultadas por El Informe recordaron que durante el ejercicio del poder político municipal, en todo momento "colaboramos y nos pusimos a disposición de la Justicia". No obstante, manifestaron la expectativa de que en esta oportunidad la actuación judicial sea eficiente, ecuánime y no termine en "un papelón", en obvia alusión al expediente que había impulsado el juez Bonadío por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos del programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que desembocó en el procesamiento de más de 90 intendentes de distintas provincias, entre ellos el venadense José Luis Freyre, y concluyó en la falta de mérito del flamante secretario provincial de Municipios y Comunas por decisión de la Cámara Federal, aunque en esa misma causa otros 47 intendentes quedaron procesados. Para más datos, ex miembros de la "Gestión Freyre" aclararon que las facturas están en original y en el registro del sistema contable municipal, como corresponde, y son honorarios por unos 6 mil pesos mensuales "mientras estuvieron algunas obras públicas en ejecución" en esta ciudad, como el proyecto de las 45 cuadras de pavimento, entre otras, puntualizando que Iacovino cobraba a la Municipalidad de Venado Tuerto por el asesoramiento y el seguimiento de expedientes de referencia.

Nota de Juan Franco - Diario El Informe.