País Por: Oscar A Canavese 29 de agosto de 2019

Boudou a tres años de prisión en suspenso por los papeles truchos de un auto

El ex vicepresidente además fue absuelto por la compra sin licitación de autos para el Ministerio de Economía. "Me sentaron acá para saquear a la Argentina", había dicho.

El Tribunal Oral Federal 8 condenó a Amado Boudou a tres años de prisión en suspenso por la falsificación de tres formularios para transferir un Honda, pero lo absolvió por la compra de 19 unidades de alta gama cuando era ministro de Economía.

Antes del veredicto, el ex vicepresidente pronunció sus últimas palabras para declarar su inocencia: "Nos usaron para saquear a la República, pero no cometí delitos".


Los jueces Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez decidieron así sobre la compra en 2009 de 13 autos Bora, tres Passat y tres Vento a la concesionaria Guido Guidi.

Las autoridades del Ministerio de Economía, que encabezaba Boudou, adquirieron las unidades a través de una subasta directa sin cumplir los procesos establecidos. Los investigadores consideraron que la concesionaria presentó un pliego de compra acorde a las necesidades de la cartera. El costo total de la operación fue de $2.131.400. El fiscal Abel Córdoba sostuvo la acusación.


Boudou había sido sobreseído en 2017 por la supuesta falsificación de documentos de un vehículo Honda, pero la Cámara Federal de Casación Penal revocó ese fallo, ordenó realizar un nuevo debate y agregó el expediente por la compra de autos oficiales.

El exjuez federal Sergio Torres llevó adelante la instrucción del segundo tramo: envió a Boudou a juicio al determinar que los vehículos para el ministerio costaron dos millones de pesos, que hubo sobreprecios y que no se justificó la necesidad de la compra.

El ex vicepresidente de Cristina Kirchner recibió su segunda condena: la primera fue la del caso Ciccone. El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 lo sentenció en agosto de 2018 a cinco años y diez meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por la venta de esa empresa dedicada a la producción del papel moneda.

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