España|La secuestraron cuando era bebé durante el franquismo y encontró a su familia biológica cinco décadas después

El Mundo 11 de julio de 2019 Por
El caso de Inés Madrigal fue el primero juzgado por robo de bebés en el país durante la dictadura de Franco. Tras 32 años, se confirmó que tiene cuatro hermanos.
secuestro de bebe

"Por primera vez tengo el puzzle de mi vida completo. Ahora sé quién soy y de dónde vengo". Las palabras pertenecen a la española Inés Madrigal, una mujer de 50 años que, tras 32 años de búsqueda, logró encontrar a su familia biológica. 

El caso es inédito por una razón tan poderosa como aberrante: Inés fue víctima de una red de robo de bebés que operó durante la dictadura de Franco, y se constituyó como el primer caso juzgado en el país ibérico. 

El anuncio da esperanzas a muchos otros españoles que buscan a sus hijos o sus padres luego de que una red se apropiara de miles de recién nacidos desde la dictadura franquista hasta fines de los 80'. En el caso de Madrigal, ella misma se encargó de explicar a la prensa que había sido dada en adopción voluntariamente pero que fue entregada a otra familia de formar irregular.

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"Tengo cuatro hermanos a los que ya he conocido, que son personas maravillosas que me abrieron los brazos y corazones, y me han hecho sentir en pocos días que soy parte de la familia", dijo la mujer profundamente emocionada. Y calificó como "un triunfo" el haber encontrado a su "familia de verdad", aunque la noticia es agridulce porque su madre biológica murió en 2013 a los 73 años. 


El hallazgo, que según la protagonista se logró gracias a un banco de ADN estadounidense, no solo supone un vuelco para su vida personal, sino que probablemente modificará la única sentencia dictada en España sobre los casos de bebés robados, que halló culpable a un doctor ya retirado. No obstante, el profesional resultó absuelto por la prescripción de los delitos. 

Cuando dio a luz en el verano de 1969, la madre de la víctima no estaba casada, y las presiones sociales y familiares la hicieron que pactara la entrega de su hija a un médico. Eduardo Vela era el ginecólogo a cargo de la clínica madrileña San Ramón, donde se llevó a cabo la operación ilegal.


La mujer, presidenta de la Asociación SOS Bebés Robados Murcia, creía haber sido robada, porque su madre adoptiva le dijo que fue un "regalo" de Vela, quien resultó acusado de dirigir una trama delictiva que engañaba a madres jóvenes diciendo que sus hijos habían fallecido, para luego darlos, generalmente por dinero, a otras familias.

Durante el proceso de búsqueda, Inés se enteró de que sus hermanos también estaban intentando contactarla. Fueron ellos junto a una tía quienes confirmaron la versión de la madre de Madrigal la ofreció en adopción de forma voluntaria, una decisión que ya había tomado durante el embarazo. 


En 2018, tras el hito que supuso haber llegado a juicio, un tribunal de Madrid absolvió a Vela, por entonces de 85 años, de los delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsedad documental, de los que lo encontró culpable, al declarar prescriptos los hechos investigados.

La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que aún no ha resuelto, pero que previsiblemente tendrá en cuenta el pedido que hizo la Fiscalía de excluir los primeros delitos, debido a que Madrigal fue entregada "conscientemente" en adopción.

Es que un año después del veredicto que consideró probado que el ginecólogo había entregado a Inés a una pareja que no eran sus padres falsificando los documentos sobre su origen, hasta ahora desconocido, la mujer supo que en su caso su madre biológica la entregó de forma voluntaria. 


Aún así, el caso no desacredita la existencia de la práctica de robo de bebés empleada por la dictadura franquista, que en España tuvo la particularidad de extenderse incluso en democracia. Su caso, la trascendencia que obtuvo y los resultados jurídicos materializaron la lucha de miles de españoles que no tienen pruebas de la muerte de sus hijos, a los que siguen buscando, y de personas adoptadas de formar irregular que desconocen quiénes son sus padres biológicos.

Existen miles de casos denunciados, aunque un 80% fueron archivados por falta de pruebas, precisamente por la dificultad de las víctimas para acceder a documentos y bancos de ADN.


"Ahora tenemos la esperanza de que hay una posibilidad. Los laboratorios de Estados Unidos están dando la respuesta que no encontramos en España", manifestó la andaluza Flor Díaz Carrasco, que está en la búsqueda de dos hermanos.

JPE

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