Todo bono policial en Rosario es ilegal desde 2016 y se reconoce sólo a una cooperadora

Política 17 de abril de 2018 Por
La resolución fue notificada a los mandos policiales. A su vez, se inhabilitó a toda asociación que solicitaba una contribución.
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Tras el pedido de informes presentado ante el cuerpo deliberativo por la concejala Fernanda Gigliani en relación a la existencia de las cooperadoras policiales, fuentes del Ministerio de Seguridad aclararon a LaCapital ayer que en la actualidad no existe ninguna asociación habilitada para recaudar fondos; con lo cual ningún bono es legal. En Rosario existe sólo una cooperadora con personería jurídica. En su momento estas entidades habían sido autorizadas para funcionar, pero todas fueron suspendidas por resolución del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.El jueves pasado, el Concejo aprobó un proyecto presentado por la concejala Gigliani que solicitó al Ministerio de Seguridad que detalle la cantidad de Asociaciones Cooperadoras Policiales con sede en Rosario, indicando sus miembros y domicilio.

A su vez, se solicitó conocer cuál es el origen de sus fondos, discriminándolos en cumplimiento con lo dispuesto por el reglamento de las mismas. Allí se dispone que lo recaudado debe provenir de festivales, kermeses, emisión de rifas y "toda otra gestión y actividad lícita".

También, y acorde al reglamento, se solicitó conocer desde el Concejo si se ha lanzado alguna campaña de recolección de fondos, indicando sus características, plazos y personas autorizadas a intervenir en la misma.

Consultado un vocero del ministro Pullaro, aclaró que existen dos cooperadores con habilitación, pero apenas asumido en 2016 y por resolución la cartera de seguridad, Pullaro acordó suspenderlas hasta tanto se resuelva la situación general.

El tema de los bonos policiales, las rifas o contribuciones presenta situaciones por demás de heterogéneas. La ofrecen brigadas de calle, seccionales, de auxilio, pero también civiles "disfrazados" de policías.

Es decir que no sólo salen a pedir una contribución agentes del orden, sino entidades privadas o supuestas vecinales que se arrogan la potestad de pedir dinero a cuenta de la policía.

Se usan logos, escudos y sellos pero en definitiva no se rinde cuenta oficialmente a ninguna dependencia. Y cuando tenían autorización oficial, el bajo nivel de ingresos de estos fondos resultaba sospechosamente baja.

En concreto, en la actualidad no existe ninguna autoridad oficial o no oficial autorizada por el Estado santafesino para recaudar fondos de la sociedad civil. En breve, se especula que el Ministerio de Seguridad lance una campaña de difusión a la opinión pública donde se desaliente este mecanismo de recaudación paralelo.

La edila de Iniciativa Popular (IP) ya había advertido del pulular de personas que ofrecían bonos contribución en 2015. Por aquel entonces, Gigliani recordó que, según el reglamento, los policías tienen prohibido comercializar estas contribuciones. En todo caso, se establecía que podría hacer uso de esta recaudación un civil autorizado.

El 18 de enero de 2016, una circular con carácter de urgente y de cumplimiento efectivo emitida por el subsecretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, por instrucción del ministro Pullaro, advirtió a todas las agrupaciones y mandos policiales la prohibición en el manejo de bonos de cooperadoras policiales.

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