Santa Fe firmó un acuerdo con la Nación que endurece los controles migratorios

Política 09 de febrero de 2018 Por
La Casa Rosada busca, junto a siete provincias, agilizar las deportaciones de inmigrantes con antecedentes penales o reincidencias.
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- Fiscal General. Baclini representó a la provincia ante Migraciones.

La Casa Rosada avanza en el endurecimiento de su política migratoria y apura la deportación de los extranjeros que cometan delitos o sean reincidentes y la prohibición del ingreso de aquellos que ya tengan una causa judicial abierta en el país. El protocolo de acción fue firmado el miércoles pasado con seis provincias: Santa Fe, Salta, Chaco, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Cruz.

Poco después de que el Ministerio de Seguridad nacional alentara un cambio de paradigma en la materia, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el director nacional de Migraciones, Horacio García, junto a representantes del Consejo de Política Criminal de la República Argentina y el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, firmaron el convenio de cooperación y asistencia con el objetivo de combatir el delito transnacional.

"El objetivo es ofrecerles a los actores fundamentales de los procesos de decisión, que son los procuradores, las herramientas que tiene Migraciones, que son muchas. Todos los fiscales con causas con extranjeros en conflictos con la ley nos pueden pedir información. Tenemos todo en nuestras bases de datos y en tiempo real", explicó García.

A las seis provincias mencionadas se suma Buenos Aires, que había rubricado el mismo acuerdo a fines de enero. Santa Fe estuvo representada en el encuentro por el fiscal general, Jorge Baclini.

El gobierno de Mauricio Macri busca impulsar, junto a los procuradores y las Justicias provinciales, un protocolo "que permita generar procesos de información más fluidos" para acelerar la deportación de extranjeros que ingresan a la Argentina con antecedentes penales en sus países. Como también propiciar la erradicación de inmigrantes que tengan condena firme.

El acuerdo establece, entre otros puntos, que Migraciones se compromete a "organizar y dictar cursos de especialización sobre normativa aplicable al proceso de admisión de extranjeros y control de permanencia en territorio nacional, principales maniobras delictivas detectadas que se encuentren vinculadas al ingreso y/o egreso de personas al país, análisis de casos prácticos y jurisprudencia en la materia y problemática de su gestión en sede administrativa y judicial".

La iniciativa complementa el decreto Nº 70/2017, firmado por Macri, que acelera la expulsión de extranjeros acusados de la comisión de delitos.

Una decisión que detonó polémica en 2017 ya que deportar a un extranjero del país no es algo jurídicamente fácil, incluso en los casos de delincuentes comprobados y de alta peligrosidad. No obstante, Migraciones confirmó que, desde la firma de ese decreto, 490 personas fueron desterradas de la Argentina.

Más penas para delitos de corrupción

La comisión encargada del anteproyecto de reforma del Código Penal recibió ayer a la Oficina Anticorrupción (OA) y decidió aumentar las penas en delitos de corrupción que cometieren los funcionarios de todos los poderes del Estado, al tiempo que comenzó a estudiar la posibilidad de incorporar el soborno entre particulares. Además, se decidió eliminar figuras atenuadas en los delitos contra la libertad y avanzar en la precisión de los delitos de lesa humanidad.

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