SOFIA ZANOTTILa Justicia condenó a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo a Marcelo Ariel Rodríguez, un hombre de Villa Cañás que reconoció su responsabilidad penal por amenazar de muerte y agredir físicamente al secretario de Gobierno municipal, Cándido Santa Cruz.
La resolución se concretó mediante un procedimiento abreviado homologado por el juez Leandro Martín. El acuerdo incluyó delitos de amenazas coactivas agravadas, lesiones leves dolosas y un intento de hurto agravado por la participación de un menor de edad.
El hecho que tuvo como víctima al funcionario municipal ocurrió el pasado 7 de junio en Villa Cañás. De acuerdo con la investigación judicial, Rodríguez interceptó a Santa Cruz en la vía pública y le exigió que dejara sin efecto infracciones de tránsito vinculadas a su hijo.
Ante la negativa del secretario de Gobierno, el hombre lo amenazó de muerte y posteriormente lo agredió físicamente. Las lesiones fueron constatadas por profesionales médicos.
La investigación permitió reconstruir lo ocurrido mediante diferentes elementos probatorios. Entre ellos se encuentran la denuncia presentada por la víctima, los informes médicos, las actuaciones policiales y las imágenes obtenidas por las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal.
Luego del ataque, Rodríguez y su hijo fueron imputados y quedaron en prisión preventiva por disposición del juez Leandro Martín. La medida había sido solicitada por el fiscal Luis Lagioia, quien sostuvo durante la audiencia que el funcionario había sido intimidado en relación directa con el ejercicio de sus funciones públicas.
La causa no se limitó al episodio ocurrido en junio. El procedimiento abreviado también incorporó un hecho registrado en agosto de 2023 en el Puesto Policial de Santa Emilia.
Según la investigación, Rodríguez participó junto con otras personas, entre ellas un menor de edad, en un intento de sustracción de autopartes. Este antecedente fue acumulado en el acuerdo judicial y formó parte de la pena única de cinco años de prisión efectiva.
La investigación que derivó en el procedimiento abreviado estuvo a cargo de la fiscal adjunta Larisa Celeste Barucca, quien reunió los elementos probatorios incorporados al expediente y presentó el acuerdo para su homologación judicial.
Desde el Ministerio Público de la Acusación señalaron que la condena representa una respuesta frente a las amenazas y agresiones contra funcionarios públicos destinadas a condicionar decisiones administrativas.
El organismo sostuvo además que la persecución penal de estas conductas busca proteger a las víctimas y garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas frente a intentos de intimidación o violencia.
