SOFIA ZANOTTIEl crimen de un alumno de 13 años dentro de una escuela de San Cristóbal sacudió a la provincia de Santa Fe y colocó a la dirigencia política frente a una situación de extrema gravedad. El episodio ocurrió el lunes 30 de marzo de 2026, cuando un adolescente de 15 años ingresó armado al establecimiento y disparó contra sus compañeros.
Frente a la magnitud del hecho, el gobernador Maximiliano Pullaro dispuso la suspensión de actividades oficiales y ordenó un despliegue urgente de áreas del Estado en la ciudad. Según reportes periodísticos, se activó un operativo interministerial con presencia de funcionarios provinciales y equipos especializados para atender la emergencia, asistir a las familias y acompañar a la comunidad educativa.
En este marco, también tomó protagonismo la dirigencia del departamento San Cristóbal. El senador Felipe Michlig expresó públicamente la necesidad de acompañamiento y contención, y destacó la rápida intervención del Gobierno provincial ante la tragedia.
Por otro lado, la situación abrió un fuerte debate político e institucional sobre cómo actuar frente a hechos de violencia extrema dentro del ámbito escolar. Desde el Ejecutivo evitaron adelantar conclusiones y señalaron que se trabajaba sobre distintas líneas para reconstruir lo ocurrido y determinar cómo el agresor accedió al arma utilizada.
Además del avance judicial, durante la jornada se activaron dispositivos sanitarios y de asistencia psicológica para los estudiantes y sus familias. De acuerdo con la información difundida horas después, los alumnos atendidos por heridas superficiales fueron dados de alta, mientras continuaba el trabajo de contención sobre toda la comunidad educativa.
El caso, por su gravedad y por haberse producido dentro de una institución educativa, dejó planteado un desafío de fondo para el Estado: no solo responder con rapidez ante la urgencia, sino también revisar las herramientas de prevención, acompañamiento y abordaje de conflictos en ámbitos escolares.
