El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se pronunció a favor de una ley más dura contra las barrabravas y destacó la necesidad de mejorar el control de los operativos de seguridad tras los recientes incidentes en las protestas de jubilados. Aseguró que, si bien la violencia de grupos ajenos a los manifestantes fue evidente, el accionar de las fuerzas de seguridad también debe ser investigado.
Santa Fe18 de marzo de 2025
LORENA ACOSTA
En una reciente intervención pública, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, defendió la implementación de políticas más estrictas para combatir la violencia de las barrabravas en el fútbol. Según Pullaro, la situación que atraviesa la provincia y el país respecto a estos grupos de hinchas violentos requiere una respuesta legislativa contundente para erradicarlos de los estadios y devolverle la seguridad a los espectadores.
El mandatario expresó su apoyo a la propuesta de la ministra de Seguridad de la Nación, quien ha presentado una nueva ley antibarrabravas. Pullaro recordó su experiencia como ministro de Seguridad en 2016, cuando implementó con éxito el derecho de admisión a las barrabravas, prohibiéndoles el ingreso a las canchas. "Si no atacamos fuertemente el accionar de las barras, será muy difícil que la familia regrese a los estadios", afirmó.
En cuanto a los recientes disturbios durante la marcha de jubilados frente al Congreso, el gobernador coincidió en que la violencia de algunos grupos ajenos a los manifestantes dificultó el control de la situación. Sin embargo, también subrayó que el accionar de las fuerzas de seguridad dejó mucho que desear. "Hubo excesos durante la represión, especialmente cuando se utiliza gas lacrimógeno de manera horizontal, algo que está prohibido por los protocolos de seguridad", señaló Pullaro, instando a que se investigue el procedimiento de los efectivos.
Pullaro concluyó su intervención defendiendo el trabajo de las fuerzas de seguridad, aunque resaltó la importancia de encontrar el equilibrio entre el uso de la fuerza y la protección de los derechos de los ciudadanos. "Es difícil establecer los límites cuando las fuerzas de seguridad son agredidas, pero los protocolos deben cumplirse", aseguró.
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