El Gobierno revoca la cesión de tierras en Mendoza a grupos mapuches: Un giro clave en la disputa territorial

En una medida que generó gran controversia, el Gobierno de Javier Milei revocó la cesión de más de 25 mil hectáreas estratégicas en Mendoza, otorgadas por el kirchnerismo a comunidades mapuches. La decisión, que responde a un largo conflicto legal, tiene implicaciones sobre el potencial minero de la región y la autonomía provincial.

Política 05 de febrero de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
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El Gobierno de Javier Milei dio un giro en la disputa territorial que involucra a las comunidades mapuches en Mendoza. A través de tres resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), bajo la dirección de Claudio Avruj, anuló la cesión de tierras realizada por la gestión de Alberto Fernández en 2023. La cesión, que abarcaba más de 25 mil hectáreas en los departamentos de San Rafael y Malargüe, fue otorgada a comunidades mapuches no reconocidas oficialmente, sin la debida consulta con el Gobierno provincial, lo que generó un amplio rechazo local.

Los predios en cuestión, de alto valor estratégico por su potencial minero, habían sido entregados a las comunidades Lof El Sosneado y Lof Suyai Leufu, lo que desató un conflicto entre el Gobierno Nacional y las autoridades provinciales. Mendoza había presentado un recurso ante la Corte Suprema alegando que la decisión violaba derechos provinciales y que no se había consultado adecuadamente con las autoridades locales, conforme a la Ley Nacional 26160, que establece la necesidad de una consulta previa en estos casos.

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, celebró la anulación de las resoluciones, destacando que reafirma los principios de propiedad privada y seguridad jurídica. Por su parte, la comunidad mapuche Suyai Leufu, una de las más afectadas, carecía de personería jurídica reconocida en el momento de la cesión, lo que añade más complejidad al caso.

La controversia se enmarca dentro de una serie de medidas adoptadas por la administración de Milei, que busca revertir decisiones del anterior Gobierno relacionadas con tierras indígenas, especialmente en áreas con alto potencial económico. Este giro, en un contexto de creciente violencia en la Patagonia, genera un nuevo escenario en la lucha por el control territorial en la región.

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