SOFIA ZANOTTI
En un contexto de lucha contra la inflación, el Gobierno ha decidido implementar aumentos en los servicios públicos y combustibles que no excederán el 3%. Esta medida, que afecta a la electricidad (incremento del 2,5%), al gas (2,7%) y a los combustibles, busca mantener la estabilidad económica y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos. La empresa estatal de agua, AySA, también reflejará un ajuste del 4% en sus tarifas.
El Ministro de Economía, Luis Caputo, enfatizó que estos ajustes están diseñados para contribuir a la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se espera que se mantenga por debajo del 3%. Este enfoque busca no solo controlar la inflación, sino también ordenar los precios relativos en el mercado, lo que es crucial para sostener el proceso de desinflación y garantizar el bienestar de las familias.
En el sector de combustibles, YPF aplicará un aumento promedio de 2,75%, mientras que sus competidores, como Shell, Axion y Puma, seguirán una tendencia similar. Este ajuste se da en un momento donde se han comenzado a ver ligeras reducciones en los precios de algunos combustibles, marcando la primera baja en casi seis años en octubre.
Además, las tarifas de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) han sido objeto de discusión, dado que los aumentos acumulados han sido significativos desde diciembre del año pasado. Se espera que un nuevo acuerdo paritario, que evita un paro previsto, condicione futuras subas en los boletos, los cuales podrían escalar considerablemente si no se controlan.
Las consultoras han comenzado a reportar cifras alentadoras sobre la inflación, con estimaciones que indican que la variación para octubre podría ser de entre 2,7% y 2,8%. Estos datos, aún no confirmados oficialmente, sugieren que la política tarifaria del Gobierno está teniendo un efecto positivo en la estabilización económica.
