
Desarticulan red narco en vivero de Arroyo Leyes y queman plantación de marihuana
Novedades del Sur


Agentes de la Policía Federal llevaron a cabo un operativo en el vivero narco ubicado en las afueras de Arroyo Leyes, en la provincia de Santa Fe, desmantelando así una compleja red de cultivo y distribución de marihuana. La investigación, encabezada por el fiscal federal Walter Rodríguez, reveló que la organización, liderada por Gabriel "Cachi" Nudel, operaba bajo una aparente legalidad, obteniendo permisos estatales para cultivar la droga con supuestos fines medicinales.
Sin embargo, tras una exhaustiva investigación, se descubrió que el vivero era utilizado como fachada para el cultivo masivo de cannabis sativa destinado a la venta ilegal. El abogado Osvaldo Ceresole, junto con otros seis individuos, fueron detenidos por su presunta participación en esta operación delictiva.
El procedimiento de desmantelamiento implicó la incineración de alrededor de 1500 plantas de marihuana que se encontraban en distintas parcelas del predio, algunas de ellas en avanzado estado de floración. Estas plantaciones clandestinas estaban dotadas de un complejo sistema eléctrico, conectado de forma ilegal a la red de la Empresa Provincial de la Energía, y de cámaras de seguridad para evitar la detección de las autoridades.
El vivero también contaba con un sofisticado sistema de riego por goteo y medidas de seguridad, como garitas y cámaras de vigilancia. Cada parcela poseía un código QR que dirigía a un sitio web oficial del Instituto Nacional de la Semilla, lo que contribuía a la apariencia de legalidad del emprendimiento.
El juez a cargo del caso, Aurelio Cuello Murúa, ordenó el procesamiento con prisión preventiva de todos los involucrados, señalando que el objetivo de la organización era lucrar bajo la apariencia de una actividad legalmente autorizada.
Este importante golpe al narcotráfico en la región de Santa Fe refuerza el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de estupefacientes, y destaca la necesidad de una cooperación continua entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial para combatir este flagelo que afecta a la sociedad.


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