Al menos 15 personas fallecieron en Perú durante las protestas que se realizan en distintos puntos del país luego de la destitución del ex presidente Pedro Castillo, tras la confirmación de las autoridades de siete muertos en la ciudad de Ayacucho en el primer día del estado de emergencia decretado por el Ejecutivo nacional.

La Dirección Regional de Salud de Ayacucho informó en un comunicado que siete personas murieron y otras 52 personas resultaron heridas en enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad cuando trataban de tomar el Aeropuerto Nacional Alfredo Mendívil Duarte.

El gobierno regional de Ayacucho responsabilizó a la presidenta Dina Boluarte y a los ministros del Interior y de Defensa, César Cervantes y Luis Alberto Otárola, respectivamente, por lo ocurrido en su jurisdicción.

«Exigimos el cese inmediato del uso de armas de fuego y represión por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú contra nuestra población, condenamos todo acto de vandalismo», señaló el Ejecutivo local, según un comunicado que reprodujo el medio local RPP.

La Policía Nacional del Perú respondió con un llamado a los habitantes de Ayacucho para «evitar acciones contra el orden democrático».

«Exhortamos a la población ayacuchana a evitar acciones que vayan contra la tranquilidad pública y el orden democrático, no dejándose convencer por azuzadores y violentos quienes, con sus acciones, inducen a otros a enfrentarse a las fuerzas del orden», tuiteó la fuerza de seguridad.

En tanto, la presidenta Boluarte trasladó su más sentido pésame a las familias de los fallecidos: «Lloramos el llanto de las madres en Ayacucho y sufrimos el dolor de las familias en todo el país. Hoy, en una triste jornada de violencia, nuevamente lamentamos la muerte de peruanos».

«Mis profundas condolencias a los deudos. Reitero mi invocación a la paz», escribió en su cuenta de Twitter quien era la vicepresidenta de Castillo.

Con la confirmación de las autoridades de Ayacucho, el balance de muertos por las protestas se elevó a 15 personas, aunque la oficialización tardía de los fallecimientos genera confusión en el número real.

Las movilizaciones en Perú comenzaron tras la destitución y detención del expresidente Castillo el pasado 7 de diciembre, quien previamente había anunciado la disolución del Congreso y el establecimiento de un «Gobierno de excepción».

Un juez accedió ayer a un pedido de la fiscalía para mantener en prisión a Castillo preventivamente por 18 meses e investigarlo por rebelión y conspiración.

Las protestas más fuertes, con miles de personas marchando en las calles, ocurren en el sur, donde se mantienen cerrados cinco aeropuertos (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho).

Piden la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora constitucional, la exvicepresidenta Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales ya.

Ante las manifestaciones, el Gobierno peruano decretó el estado de emergencia a nivel nacional durante un periodo de 30 días, lo que permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna.

«Exigimos a las Fuerzas Armadas el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicóptero», dijo la Defensoría del Pueblo tras las muertes en Ayacucho.

«Expresamos nuestra seria preocupación por el incremento de la violencia en Perú y lamentamos profundamente la muerte de 15 personas», indicó en Twitter la misión en el país del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.