El juez de segunda instancia Matías Drivet confirmó la medida para los agentes. La banda actuaba en Rafaela
País 31 de diciembre de 2020
Oscar A Canavese
El juez de segunda instancia, Matías Drivet, confirmó la prisión preventiva impuesta por 90 días a cinco policías investigados por integrar una asociación ilícita dedicada al juego clandestino en Rafaela. El fiscal Guillermo Loyola representó al MPA en la audiencia de apelación. El funcionario del MPA –que tiene a su cargo la dirección de la investigación junto a la fiscal Gabriela Lema– recordó que “la investigación del caso fue iniciada por el fiscal Martín Castellano, quien solicitó la medida cautelar de los imputados el pasado sábado 7 de noviembre”.
Loyola destacó que “llegamos a esta audiencia a raíz de un recurso de apelación presentado por la Defensa de las personas investigadas”. No obstante, el representante del MPA subrayó que “el camarista resolvió confirmar la prisión preventiva para no perjudicar los fines del proceso, atendiendo al desarrollo de la investigación y a la complejidad delictiva en la que se inserta el accionar imputado”.
El fiscal detalló que “de las cinco personas imputadas, cuatro son policías retirados. Se trata de JAG de 52 años; JPB de 48 años; JJAP de 51 años; y FEF de 57 años”. También especificó que “ FFA de 39 años es un integrante de la fuerza que está en actividad y que también está imputado en la causa”.
“JJAP, FEF y JPB fueron jefes de la Unidad Regional V Rafaela de la policía provincial”, precisó el funcionario del MPA. Y aclaró que “JAG fue jefe de la Agrupación de Unidades de Orden Público (AUOP), mientras que FFA integró la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional V. En ambos casos, también en la Unidad Regional V Rafaela”.
A los cinco hombres se les atribuyó la coautoría del delito de asociación ilícita en calidad de organizadores. Además, a los imputados de iniciales JPB, FEF y FFA se los investiga por ser partícipes necesarios del delito de organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente. Los ilícitos fueron atribuidos en concurso real.
Acerca de la resolución de segunda instancia, Loyola puntualizó que “el juez consideró riesgosa la libertad de los imputados por la existencia de un entramado delictual no solo organizado y sostenido a lo largo del tiempo, sino también extendido territorial y personalmente”.
“Tal como lo sostuvo el magistrado, se utilizaron numerosos recursos logísticos para el desarrollo de la empresa criminal, con contactos y coberturas que permitieron su funcionamiento”, explicó el fiscal. Al respecto, agregó que “el juez de segunda instancia entendió que no se puede descartar que los imputados pretendan intervenir sobre la evidencia que aún resta ubicar y la prueba que debe producirse a lo largo del proceso”.
El funcionario del MPA hizo hincapié en “el carácter de funcionarios policiales de los investigados, que fue un tema que se valoró durante la audiencia”. También explicó que se resaltó “la trama insittucional densa, compleja y con tendencia a un funcionamiento refractario a los controles y con lazos corporativos fuertes”.
El fiscal Loyola informó que “en el marco de la misma causa, se prorrogó la medida cautelar del civil de iniciales MGU, a quien se investiga como organizador de la asociación ilícita y quien está en prisión preventiva desde agosto de este año”.
La resolución fue tomada por el juez Javier Bottero en una audiencia realizada ayer en los tribunales de la ciudad de Rafaela.
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