El oficialismo aprobó en el Senado la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires

Ahora, el debate pasa a Diputados. La oposición no participó de la votación.

País 03 de octubre de 2020 Oscar A Canavese Oscar A Canavese
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El Senado aprobó esta noche sin la oposición un proyecto de ley que fija en 24.500 millones de pesos anuales el monto que el Gobierno le transferirá a la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la policía, en una sesión especial en la que se dio aval además a una modificación del protocolo de sesiones virtuales.

En medio de fuertes cruces entre oficialismo y oposición, el Senado aprobó por 42 votos y giró a la Cámara de Diputados el convenio de transferencia de facultades en materia de seguridad a CABA y la resolución que fija el gasto anual para la policía en 24.500 millones de pesos, actualizables cada tres meses.

Desde el Frente de Todos, José Mayans calificó de “despiadada” a la oposición, volvió a acusarla de “buscar tumbar al Gobierno” y negó que se le estén “robando o sacando fondos a la Ciudad” sino que, por el contrario, la Ciudad recibe “más de lo que le corresponde”.

Su par de bloque, Jorge Taiana consideró que la norma “es una reparación” ante lo que significó “una maniobra arbitraria y escandalosa” de parte del gobierno de Mauricio Macri cuando, “en un arrebato, le dio por debajo de la mesa un dinero a la Ciudad” que no le correspondía, con la meta puesta “en beneficiar” a su socio Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño.

La santafesina María de los Angeles Sacnun dijo, por su parte, que “no es una medida en contra de los porteños” ya que “nunca se entendió que la República se tenga que constituir en una pelea sanguinaria entre el interior y Buenos Aires”, sino que se busca “disminuir la brecha entre las distintas provincias”.

 
Carlos Caserio, presidente de la comisión de Presupuesto, consideró que la Ciudad de Buenos Aires “se quedó” en su momento “con 89 millones que no le correspondían” y advirtió que esa maniobra “fue un abuso impresionante de recursos que fueron dados” y que ese distrito, sostuvo, “debería devolver”.

Antes de que su bancada se retirara de la videoconferencia, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, advirtió que los finales de este tipo de sesiones “son anunciados” porque terminarán “en la Justicia” y afirmó que el camino judicial es la única alternativa “cuando la política falla” y cuando la política “no resuelve lo que debe resolver”.

Su par de bancada, Martín Lousteau afirmó que es “erróneo” pensar que “se castiga al jefe de Gobierno y a un distrito políticamente esquivo” sino que “se castiga a los 3 millones de argentinos que viven en la Ciudad de Buenos Aires, castigan a los 3 millones de argentinos que trabajan, se educan, atienden su salud o transitan diariamente en la Ciudad, y a los 7 millones de argentinos que la visitan”.

Esteban Bullrich, representante de la provincia de Buenos Aires por Cambiemos, dijo que para salir de la pobreza “no hay que sumergir a toda la Argentina en ella” y dejar “la chicana y la mentira” y consideró que el Gobierno “no busca ir por el camino de un país más federal” sino “usar la política para dividir”.

En uno de los momentos más calientes de la sesión, el senador del FdT Antonio Rodas intercambió chicanas con su par de la oposición Pablo Blanco cuando tildó a Juntos por el Cambio de llamarse “Juntos por la Mentira” y el legislador radical le respondió que el Frente de Todos representaba en realidad al “Frente del Relato”.

En la discusión previa sobre el nuevo protocolo de sesiones, Naidenoff reprochó -en un encendido discurso- que se “limite” la presencia de los legisladores en el recinto.

“Ustedes se dan cuenta de lo que van a votar: ¿pedir autorización a la Secretaría parlamentaria para ejercer el derecho de sentarse en las bancas”?, se ofuscó el legislador radical al hablar desde su despacho en el Senado.

En el comienzo de la sesión, los senadores aprobaron también el ingreso de una treintena de pliegos de jueces, fiscales y defensores enviados esta semana por el Gobierno.

En este punto, la oposición cuestionó el pedido de designación del juez Daniel Bejas para cubrir la vacante de la Cámara Nacional Electoral cuando el puesto, a criterio de senadores como Lousteau, le correspondía a Alejandra Lázzaro, quien “había quedado en primer lugar en orden de mérito”.

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