Una usina de facturas truchas ligada a la banda de la avioneta narco de San Justo

El 22 de febrero pasado en un camino rural cercano a San Justo, una aeronave cargada con más de 200 kilos de cocaína–según sospecha la Justicia– tuvo un desperfecto en el motor y terminó chocando contra un alambrado. La avioneta narco venía siendo monitoreada por la DEA. A ese cargamento de droga que provenía de Paraguay, lo esperaban los santafesinos Lorena Melgarejo y su esposo Claudio Casco, ambos prófugos, con pedido de captura nacional e internacional.
 
A partir de este hecho, el fiscal federal Walter Rodríguez empezó a investigar una trama vinculada a esta organización, con la mira puesta en otro eslabón: el lavado de dinero.

 En una investigación en la que participó el Organismo de Investigaciones, a cargo de Víctor Moloeznik, se pudo vincular a esta organización narco con una trama de creación de Sociedades Anónimas Simplificadas -una figura con escaso control que se gestó en 2017 para encuadrar a los llamados “emprendedores”-, que se utilizaban supuestamente para lavar dinero y para comercializar facturas apócrifas en distintas partes del país.

 
Tras la caída de la avioneta narco, el fiscal federal Walter Rodríguez empezó a investigar una trama vinculada a esta organización, con la mira puesta en otro eslabón: el lavado de dinero.
Según fuentes judiciales consultadas por Aire de Santa Fe, este fenómeno delictivo se produjo desde marzo de 2018 hasta abril de 2020. Se habrían creado a través de distintas sociedades 8.544 facturas por un total aproximado de 731.485.352 pesos. Esta matriz delictiva habría sido aprovechada por 1.381 contribuyentes que viven en varias provincias, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se radicaban las empresas truchas, y Mendoza, Corrientes, Chaco, Santa Fe, entre otras.

 De acuerdo a la investigación judicial, esta organización vinculada a Melgarejo y Casco estaría integrada por Edgardo Galeano, Ramón Padrón, Gonzalo Rosales, Basilio Ojeda y Silvio Flores. Estas personas, según las fuentes judiciales, se ocupaban de la etapa inicial, para conformar las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) que se utilizaban como plataforma para la emisión de la facturación apócrifa.

 Hay otras personas, como Rocío Miniello, Patricio Gonzalo Casagrande, Juan Armanino y Luciana Bustamante, quienes están acusadas de participar de otro eslabón de la cadena, en la que se realizaba la ejecución material de la emisión de facturas apócrifas. Para ello usaban las claves fiscales de las personas físicas y jurídicas.

 La investigación se inició a partir de un desprendimiento de la causa de la avioneta que cayó en San Justo, que provenía de Paraguay, cargada con cocaína. Por esta causa están imputados Juan Fleitas González, Carlos Alberto Maldonado, Claudio Casco y Lorena Guadalupe Melgarejo.

 A partir del hallazgo de la avioneta, el fiscal Rodríguez empezó a investigar datos financieros y económicos en torno a estas personas. Estas medidas arrojaron como resultado que se identificó una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), constituida por Melgarejo y Casco. Pero esto era sólo el principio.

 

La mujer a su vez integró junto a otras personas dos SAS. Se detectó además que sus socios formaban parte de un conglomerado empresario del mismo tipo que presentaba características similares y entrelazadas por medio de la adquisición de facturas apócrifas. A partir de allí se empezó a tirar de la piola. Y apareció una madeja de grandes dimensiones.

 Hasta ahora la investigación pudo establecer que los miembros de la asociación ilícita cumplen con dos tipos de roles en el esquema reconstruido por el Organismo de Investigaciones: los encargados de la constitución e inscripción de las SAS, por un lado, y los comercializadores y emisores de comprobantes apócrifos, por el otro. Con este entramado lograron vender facturas truchas a más 1.300 personas y empresas.

 Las SAS, esta nueva herramienta jurídica que se creó en 2017 y fue una especie de emblema del expresidente Mauricio Macri, fueron pensadas para el universo de los emprendedores. Pero le sirvieron como sostén legal a esta banda. De una forma rápida y con escasos controles esta organización creó decenas de sociedades a muy bajo costo.

 En la investigación afloró que las SAS, que se armaban con una computadora común y corriente, tenían sede social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Usaban claves fiscales de personas físicas que ninguna no tienen capacidad económica. Otro rasgo que llamó la atención es que estas personas tienen domicilio en “zonas de elevados índices de violencia”. Incluso, en algunas de estas casas se vendía droga o funcionaban como búnkeres ligados a Los Monos.

 
En algunos casos, para la conformación de las SAS la organización criminal utilizaba domicilios de casas donde se vendía droga o que, incluso, funcionaban como búnkeres ligados a Los Monos.
Por esta causa se realizaron más de 30 allanamientos en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Villa Gobernador Gálvez y otras provincias donde se vendían estas facturas apócrifas que se generaban con esta usina ligada a la banda narco. Según fuentes judiciales, durante la mañana de este martes quedaron detenidas ocho personas vinculadas a esta banda. Una de ellas hasta el momento se encuentra prófuga.

 Entre los domicilios allanados, figura uno en Juan Manuel de Rosas al 3600, en Rosario, donde figura la sede social de la empresa Melcas SRL, cuyos socios son el matrimonio Casco y Melgarejo. Allí también está registrado el domicilio fiscal de Neo Construcciones SAS y de otras sociedades vinculadas a la maniobra delictiva.

 La policía también allanó un local comercial ubicado en San Martín 2385, en Rosario, donde funciona la Mutual 23 de Julio, donde se sitúa la IP donde se generaban los comprobantes electrónicos.

 También se realizaron allanamientos, según fuentes judiciales, en una cooperativa de Servicios de Villa Mugueta, en Sauce Viejo y Santo Tomé, donde se compraban estas facturas truchas, y en las provincias de Córdoba, Mendoza, Tucumán y Buenos Aires, entre otras.