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Otra acusación contra un fiscal en el sur de Santa Fe que da en el Blanco

Mauro Blanco podría ser destituido del cargo. Esta semana se presentará ante la Legislatura para ejercer su defensa. Aire Digital accedió a las graves acusaciones en su contra y las escuchas que muestran relación de "socio" con un narco.

Judiciales 10 de agosto de 2020 Novedades Del Sur Novedades Del Sur
mauro blanco ok
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El miércoles hará su descargo en la Legislatura el fiscal de Venado Tuerto Mauro Blanco, quien en paralelo está sometido a un proceso disciplinario y a una investigación penal, a pesar de lo cual nunca fue suspendido del cargo por la Legislatura. La Comisión Bicameral de Acuerdos ya tiene en su poder la acusación que elaboró el senador peronista Joaquín Gramajo y a la que accedió Aire Digital. En la misma se reitera la sólida evidencia recabada y entregada ya en el mes de febrero pasado por la auditora general del Ministerio Público, la fiscal María Cecilia Vranicich. Tras escuchar la defensa de Blanco, la comisión estará en condiciones de dictaminar, con la destitución como una posibilidad muy concreta.
 
Una serie de escuchas que hizo la Justicia federal a los teléfonos de un distribuidor de drogas de Venado Tuerto llamado David Roldán captó al menos 5 conversaciones con el fiscal en un corto periodo. En esos diálogos hablan desde la provisión de estupefacientes para consumo personal, hasta de allanamientos que parecen hechos a medida de los intereses Roldán, situación de detenidos e información reservada.

 
En la Legislatura avanzan las investigaciones sobre las conductas de varios fiscales de la provincia de Santa Fe.
En una escucha, Blanco le cuenta a Roldán que para justificar el allanamiento que estaba haciendo –aparentemente para secuestrar armas a un competidor de Roldán y por pedido de éste–, le iba a decir a sus jefes que lo había hecho porque era una derivación de un caso de robo de armas en una localidad cercana, a pesar de que sabía que no tenía “nada que ver”.

 Sobre el mismo hecho está la siguiente conversación del 28 de diciembre pasado a las 2.44 PM, en la que refieren las armas que Roldán habría visto en el predio que estaba allanando Blanco.

 Roldán: Hola.

 Blanco: Cómo anda David.

 Roldán: Cómo anda querido, qué dice.

 Blanco: Todo bien che, todo bien. Acá estamos, acá, en el predio ese y está la escopeta de repetición y está otra escopeta vieja que tiene el tipo acá, viste.

 Roldán: Sí.

 Blanco: Pero el resto (de las armas) no. Vos que pudiste ver las armas, ¿qué tipo de armas había?

 Roldán: Y… había de manos y había largas.

 Blanco: ¿Vos las viste?

 Roldán: Sí, me parece que eso puede estar para el lado del galpón.

 ….

 Blanco: Ahora está solo el tipo, está solo, viste.

 Roldán: ¿Está solo?

 Blanco: Sí, capaz que las levantaron, ya viste, a las otras.

 Roldán: Si no las tiene atrás del galpón (es porque) se las llevaron anoche, ¿me entendés?

 En el último tramo del diálogo Roldán plantea acercarse personalmente al lugar, pero Blanco se niega diciendo que “estamos todos acá con toda la cana”.

 También hay distintos registros de la presencia de Blanco en la casa de Roldán, a la que al menos en una ocasión llegó en un vehículo oficial del MPA. “Blanco tenía la obligación de formular denuncia contra Roldán por la comercialización de estupefacientes y en lugar de ello las adquiría personalmente”, dice la acusación.

 En febrero pasado, Blanco rompió el silencio ante la prensa: “Cuando un fiscal se esfuerza al máximo por investigar un hecho tan aberrante, lamentablemente suele pagar las consecuencias”, sostuvo.

La acusación
La relación con David Roldán es la “más contundente” de las acusaciones en contra del fiscal. Quedó “acreditado que la relación de suministro de estupefacientes se completa en una relación en la que Roldán aparece como socio del fiscal adjunto Blanco en el suministro de información y en la investigación relacionada con delitos y con personas del hampa de Venado Tuerto”. Por su parte “Blanco brindaba información a Roldán por fuera de la ley, información que incluso Roldán suministraba a terceros interesados”, dice Gramajo.

 También hay otras situaciones que son parte de la acusación.

 - Una escucha telefónica en la que una mujer imputada por 4 estafas dice que Blanco le pidió un arreglo y que ella fue pagando. La revisión de los legajos de esa investigación confirmó que el fiscal inicialmente pidió 12 años de prisión para la acusada y al final el caso cerró un juicio abreviado con una pena de 3 años de ejecución condicional.

 Una escucha telefónica en la que una mujer imputada por 4 estafas dice que Blanco le pidió un arreglo y que ella fue pagando.

 - En otra escucha telefónica entre una mujer y Nahuel Novellino, un narco detenido hoy en Chaco y con causas abiertas en el sur santafesino, la primera cuenta que le dio plata a Blanco para que “no les arme una causa”.

 - En el marco de otra investigación federal relacionada con la banda de Novellino, la Fiscalía federal de Venado Tuerto informó que previo a concretar allanamientos, el fiscal provincial Blanco se adelantó al ordenar “con motivo desconocido” el secuestro de un vehículo de color blanco de patente casi ilegible que la banda utilizaba para cometer ilícitos ordenados desde la cárcel.

Los tuyos y los míos
Lo llamativo de toda esta situación es que para la Legislatura no hubo impedimento para que Blanco siga siendo fiscal, porque de hecho sigue en el cargo. Cabe repetir que esta información está en poder de la Legislatura desde el 12 de febrero pasado, a instancias de la presentación de la auditora del MPA Vranicich.
 

 La comisión bicameral se ocupó del caso a partir del 29 de abril, día que resolvió aceptar la inhibición de la Auditoría General y abrir el proceso disciplinario. En ese momento nadie pidió la suspensión de Blanco (al menos formalmente en el pleno de la comisión) sobre el que hay sobradas sospechas y evidencias de filtrar información, favorecer a determinados sectores delictivos, engañar a sus superiores, poner en riesgo u obstaculizar investigaciones en trámite y quizás cobro de coimas. Sólo las transcripciones de las escuchas que proveyó la Auditoría del MPA sentencian la permanencia de Blanco dentro de ese organismo.

 La semana que pasó, los senadores del PJ dejaron entrever que en su momento habían hablado con sus pares radicales para suspender a Blanco (es fiscal en el territorio del senador UCR Lisandro Enrico) sin encontrar “el acompañamiento necesario”. Por eso estallaron en tono de despecho cuando el bloque de diputados radicales que lidera Maximiliano Pullaro exigió la suspensión inmediata de Ponce Asahad y Serjal, dos protegidos de sectores del peronismo (en el caso del fiscal regional también de Cambiemos).

La vía penal
En tanto, la investigación penal sobre Blanco avanza lento. Tras la notificación de la evidencia que hizo la auditora general, el fiscal general Jorge Baclini optó por llevar la investigación a 630 kilómetros de distancia, a la Fiscalía regional de Reconquista. Si bien cumple el requisito de que el caso lo tramite una regional diferente, la lejanía dificulta y lentifica el trabajo, ya que una cosa es reunir evidencia para destituir a un magistrado y otra para imputarlo de delitos ante un tribunal. “Encubrimiento, violación del deber de funcionario público y violación de secreto” son los posibles delitos señalados en la acusación que presentó Gramajo a sus pares.

 Quienes siguen los casos suscitados en el ámbito del Poder Judicial temen que lo de Blanco termine igual que el caso de Fernando Rodrigo, el ex fiscal que en 2017 se descubrió que hacía intervenir líneas telefónicas de familiares de su ex pareja. El hecho fue tan bochornoso que renunció, pero la denuncia penal no avanzó. La fiscal de Cañada de Gómez Natalia Benvenuto, con aval de los órganos de dirección del MPA, se declaró incompetente y lo mandó al fuero federal. Después de varios meses, el federal lo devolvió diciendo que la justicia ordinaria era competente. Y así ya pasaron 3 años.

 No puede descartarse que se trate de un olvido con la mala suerte de que justo fue en semejante caso, pero merecen indagarse todas las posibilidades.

 Tampoco prospera en el ámbito penal lo relacionado a la ausencia (por desaparición u omisión de grabación) del respaldo fílmico de la audiencia en la que se le otorgó la cuestionada libertad morigerada al narco Ema Pimpi Sandoval (estas filmaciones cuentan como respaldo legal). Como en el anterior, este caso parece encaminado a sanción administrativa para el empleado que argumenta haberse olvidado de hacer clic en el botón Rec.

 No puede descartarse que se trate de un olvido con la mala suerte de que justo fue en semejante caso, pero merecen indagarse todas las posibilidades. Cabe recordar que la autorización para que Ema Pimpi se vaya de la cárcel definida en esa audiencia tiene a tres jueces y un fiscal bajo la lupa. Y que desde entonces sobrevinieron por lo menos cuatro muertes: el propio Sandoval, dos jóvenes que lo acompañaban cuando lo ejecutaron y Maite Ponce, la nena de 5 años que recibió un balazo en la cabeza como resultado de la guerra que se reactivó con el retorno de Sandoval al territorio por el control de la venta de droga en la zona. Todo demasiado pesado como para que las cosas se esfumen en el tiempo.

Punto de inflexión
¿Nos tenemos que amargar por lo que hacían Ponce Asahad y Serjal, o entusiasmar por los fiscales que fueron para adelante aunque la investigación los llevó directo a su jefe y a un colega? Lo de Blanco es desmoralizante, pero la actuación de la Auditoría General fue impecable. Los bloques de poder de la Legislatura demuestran que se mueven rápido en la medida que haya presión social, de lo contrario optan por esperar a que baje la espuma para sumergirse en el poroteo de jueces y fiscales protegidos por unos y otros y actúan con la lógica del “hoy por mí, mañana por vos”. Eso también alcanza a la promoción y nombramiento de esos magistrados, asunto que merece un artículo aparte.

 Ponce Asahad y Serjal asoman como un punto de inflexión. Deberíamos sumar a Blanco. Ahora se abre otra discusión. ¿Servirá esto para consolidar la independencia del Poder Judicial y defender la autonomía del MPA o será usado como pretexto por quienes perdieron influencia y poder sobre jueces y fiscales y pretenden recuperarlo?

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