NOVEDADES DEL SUR NOVEDADES DEL SUR

Escandalosa denuncia salpica a ex funcionarios de Pullaro

Se los acusa del delito de peculado, que consiste en desviar fondos públicos para fines privados.

Judiciales 08 de agosto de 2020 Novedades Del Sur Novedades Del Sur
pullaro

En las últimas horas salió a la luz una gravísima acusación surgida tras una auditoría llevada adelante por el Ministerio de Seguridad a cargo de Marcelo Saín, al área de Control Policial, en la que estarían involucrados funcionarios de la gestión del ex Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y dos colaboradores suyos. Aseguran que usaban fondos públicos para el pago de honorarios de abogados que ejercieron la defensa de policías acusados por la desaparición y muerte de Franco Casco en 2014.

Los funcionarios denunciados por Saín son: el ex director de Asuntos Internos, Luis Alberto Sosa, y el ex Secretario de Control, David Reniero. Se los acusa del delito de peculado, que consiste en desviar fondos públicos para fines privados.


Marcelo Saín denuncia que 5 abogados que defendieron a los policías implicados en el asesinato de Franco Casco, fueron financiados con fondos de reserva de Asuntos Internos, órgano que responde al Ministerio de Seguridad, que en aquel entonces encabezaba Maximiliano Pullaro.

Según surge de este relevamiento, miembros de la cartera de Seguridad cuando estaba a cargo el actual diputado Pullaro, habrían desviado fondos para pagar abogados que defendían a un grupo de policías de la comisaría séptima de Rosario, quienes estaban acusados por la desaparición y muerte de Franco Casco.

La denuncia es gravísima, ya que según este informe, los pagos a los letrados se habrían realizado a través de fondos reservados que manejaba David Reniero, uno de los laderos de Pullaro al frente de la Secretaría de Control. Los pagos se habrían efectuado entre los meses de octubre de 2017 y septiembre de 2018, y en el informe entregado al Ministro Marcelo Saín se destaca el aumento de fondos reservados “destinados al pago de honorarios de abogados que asistieron legalmente al personal involucrado en el crimen e intento de desaparición de Franco Casco ocurrida en 2014”.
Entre los abogados que habrían sido remunerados con fondos públicos de la provincia, está José Manuel Alcácer.

En cuanto a la segunda acusación, los abogados  José Alcácer y su socio Lucas Peirone,  ambos ex funcionarios de la cartera Seguridad durante la gestión de Lamberto y Pullaro, habrían violado la Ley de Ética Pública de la Provincia de Santa Fe, que establece mientras se ejerza una función pública no se podrá defender a quienes realicen actividades reguladas por el Estado.

La denuncia refiere a que el abogado José Manuel Alcácer, quien  fue designado en el cargo político de Asistente Técnico Nivel II de la Secretaria de Control del Ministerio de Seguridad de la Provincia (Ministro Raúl Alberto Lamberto), desempeñó el rol de defensor de cinco policías de Asuntos Internos, imputados en la causa “Casco”, violando así las incompatibilidades establecidas por la ley.

Si bien Alcacer cesó en sus funciones el 19/10/2015, la ley mencionada establece que las incompatibilidades rigen durante los dos años posteriores.

Además Alcácer fue noticia hace dos semanas cuando un sábado por la tarde balearon el frente de su estudio ubicado en Alvear al 700.


Además la denuncia hace referencia al “perfil de defendidos” que caracterizara el desempeño de la actividad profesional de JOSE MANUEL ALCACER y de su socio LUCAS PEIRONE, quien también se desempeñó como asesor político de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Alcacer fue abogado defensor del Gabriel Zilli, médico que fuera detenido en 2015 en una causa penal por infracción a la Ley Penal de Estupefacientes, conocida popularmente como la causa “NARCO ARROZ”.

Asimismo, el abogado fue defensor de Luis Alberto Paz, procesado como jefe de una asociación ilícita dedicada a la venta de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Por su parte, Peirone es el abogado defensor de Esteban Alvarado, cabecilla de una de las organizaciones narco criminales más importantes de la región integrada por funcionarios policiales.

Alcacer y Peirone, socios en el mismo estudio jurídico y funcionarios políticos de la Secretaria de Control del Ministerio de Seguridad, habrían tenido acceso privilegiado a un cúmulo de información sensible mientras se desempeñaban como defensores particulares, no sólo en la ya referida causa penal “Casco”, sino también, en  procesos penales ligados a investigaciones de las organizaciones narcocriminales más importantes que operaban en la ciudad de Rosario y la región.

 

EL CASO FRANCO CASCO: encubrimiento policial y político
 

El hecho en el año 2014 cuando el cuerpo del joven de 20 años oriundo de la localidad bonaerense de Florencio Varela apareció flotando en el río Paraná. En ese momento comenzó un proceso que siguió los últimos pasos de Casco, antes del trágico final.

En el expediente se pudo reconstruir que el joven había salido de la casa de su tía el 6 de octubre de 2014 para regresar en tren hacia su cuidad natal. En el camino, por causas aun algo confusas, fue interceptado por los agentes de la dependencia policial ubicada en Cafferata al 300. En ese momento fue detenido y trasladado a una celda de esa comisaría, donde permaneció alojado en un sector denominado internamente “la jaulita”, ya que allí quedaban albergados quienes llegaban al lugar por supuesta “averiguación de antecedentes”.

 

Según testimonios de otros detenidos en la comisaría, durante un par de minutos se escucharon gritos y golpes fuertes que, repentinamente, se detuvieron y ya nunca más oyeron a Franco.

En su momento, los familiares del joven denunciaron encubrimiento policial y político que impedía que la Justicia pueda acceder a la verdad. En tanto, por el hecho, en diciembre de 2019, el juez federal Carlos Vera Barros, elevó a juicio oral a 19 policías que están sospechados de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima, e imposición a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, de cualquier clase de tortura, seguida de la muerte de la víctima, además de encubrimiento.

Fuente: Radiofónica.com

Te puede interesar

Boletín de noticias