En una mesa de diálogo, con representantes del gobierno de Santa Fe y del Poder Judicial empezaron a evaluar durante las últimas horas la posibilidad, después de requerir datos más precisos, de descomprimir las cárceles de Santa Fe
País 29 de marzo de 2020
Oscar A Canavese
Las cárceles en Santa Fe están desbordadas desde hace tiempo, con una sobrepoblación carcelaria de más de 1000 internos que se potenció a partir de la entrada en vigencia hace seis años del sistema procesal penal acusatorio, que incrementó en un 47 por ciento la cantidad de reclusos , un problema que explotó el lunes pasado cuando comenzaron sucederse motines y disturbios durante toda la semana en reclamo de mejores condiciones sanitarias frente a la propagación del coronavirus . Esos incidentes provocaron la muerte de cinco internos y decenas de heridos.
En una mesa de diálogo, con representantes del gobierno de Santa Fe y del Poder Judicial empezaron a evaluar durante las últimas horas la posibilidad, después de requerir datos más precisos, de descomprimir las cárceles de Santa Fe, donde actualmente hay 5758 plazas, pero una población carcelaria de 6667 presos.
Aunque cada caso será analizado y queda a decisión de los jueces, la idea es otorgar excarcelaciones para aquellos presos con patologías de riesgo y, además, que se dicten salidas transitorias y libertades condicionales para internos que estén en condiciones de llegar a esa posibilidad. Fuentes del gobierno explicaron a LA NACION que " el número de presos que podrían obtener esos beneficios serían entre 500 y 700 ".
"La defensa pública ya comenzó con los pedidos, los que aún en su gran mayoría se encuentran sin resolución. Se instó tanto a los jueces como a los fiscales a la flexibilización de los criterios actuales, en aplicación de las normas que emergen de la situación de pandemia, que brindan criterios claros para su aplicación y les brindan el respaldo para la fundamentación de esas resoluciones que deberían apuntar a reducir la población carcelaria todo cuanto jurídicamente corresponda", señaló a LA NACION la titular de la Defensoría Pública Jaquelina Balangione, quien esta semana presentó 133 habeas corpus en favor de internos en riesgo.
Los motines estallaron casi al mismo tiempo el lunes pasado en los penales de Coronda, donde hay 1400 internos, y en Las Flores, donde están alojados 1030 reclusos. También se produjeron disturbios en la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero , a 20 kilómetros de Rosario, donde están privados de su libertad 2030 personas, entre las que se encuentran los jefes narco de las principales bandas de Rosario, como Los Monos , Alvarado y Los Funes , entre otros.
El estallido más fuerte se produjo en el penal de Las Flores , donde están los reclusos delitos menos graves, aunque de condición social más marginal. El detonante de los reclamos, que comenzaron el fin de semana pasado en Piñero, se centró en un principio en medidas de sanidad ante el coronavirus, pero con el correr de las horas las demandas se desplazaron a otro problema: como se habían prohibido el ingreso de las visitas, no entran más los llamados "bagayos", paquetes con víveres, uno de los canales por los cuales se ingresa la droga a las cárceles, algo que desnudó también el severo problema de salud, con fuertes adicciones de la población carcelaria.
Luego de los motines, que dejaron destruida en un 90 por ciento la cárcel de Las Flores y cuatro pabellones del ala norte de Coronda, las autoridades del Servicio Penitenciario autorizaron el ingreso de alimentos a los penales. En Las Flores comenzaron los trabajos para reacondicionar el penal donde fueron arrasadas la farmacia, la escuela y la enfermería. Pero surgieron otros problemas, derivados de la cuarentena extramuros.
"Estamos caminando sobre un límite muy fino y los reclamos pueden volver a las cárceles porque la situación es complicada", admitió a LA NACION Héctor Acuña, subsecretario del área penitenciaria. El ministro de Seguridad Marcelo Saín , quien participó de la reunión de la mesa de diálogo, coincidió en que "es necesario dentro de los parámetros ajustados a la ley que se descomprima la población carcelaria", aunque advirtió que "son los jueces los que deben analizar cada caso en particular y tomar decisiones".
En Coronda y Las Flores el ministro ordenó que permanezcan dentro de los penales agentes de la guardia de infantería y Policía de Acción Táctica para reforzar la seguridad de estas dos cárceles.
El abogado penalista Gustavo Feldman consideró que "el sistema carcelario de Santa Fe es deficitario y violatorio de las garantías constitucionales", y sostuvo que "la mayoría de los jueces navega entre la indolencia y la cobardía" por no dar beneficios a los internos en medio de esta crisis. Y se preguntó: "¿En este contexto compromete más a la salud pública una persona que viola la cuarentena y contagia o una que vende drogas en un barrio".
Después de los motines y reclamos en las unidades penitenciarias, varias organizaciones de derechos humanos y otras que trabajan con la problemática de las cárceles, emitieron un documento en el que reclaman que "más allá de todas las otras medidas urgentes que son necesarias tomar en relación con la prevención y la atención de la salud" de los internos, "resulta indispensable avanzar en la reducción de los volúmenes de superpoblación y hacinamiento".
El criminólogo y docente de la Universidad Nacional del Litoral Máximo Sozzo explicó en diálogo con la nacion que la crisis carcelaria en Santa Fe se da en un contexto particular, con "un crecimiento de la población carcelaria fue del 48 por ciento en sólo seis años". Y agregó: "Necesitamos que en Santa Fe se pongan medidas de excarcelaciones. El 48 por ciento de los internos están privados de su libertad por medidas cautelares. Hay números casos que no están detenidas por delitos violentos, por lo que hay una posibilidad de transformar esa medida cautelar de prisión preventiva en arresto domiciliario".
Sozzo planteó que "hay que acelerar la toma de decisiones. Es muy viable que el Ejecutivo pueda disponer la condonación de penas para aquellas personas que no cometieron delitos violentos y que están cerca de empezar a tener libertad asistida o condicional. A esta instancia podrían acceder personas que les falta menos de 12 meses para tener la libertad".
Por: Germán de los Santos
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