Imputan por violación a un dirigente gremial de Firmat y piden su destitución

La Justicia investiga un presunto caso de abuso sexual contra una trabajadora municipal de Firmat y por el que fue imputado el secretario general del gremio que representa al sector en esa ciudad del departamento General López, Enzo Juárez. Si bien el episodio se habría registrado ya un hace un tiempo, recién trascendió en las últimas horas a instancias de una manifestación de protesta frente a la sede sindical, que llevan adelante mujeres firmatenses vinculadas a organizaciones contra la violencia de género para pedir la destitución del dirigente sindical.

"No protejamos al abusador", "justicia para todas las víctimas", "basta de despidos, maltratos y abusos", son algunos de los mensajes que se dejaban leer en los carteles y pancartas que colocaron las manifestantes para hacer aún más visible el acampe que montaron y que están dispuestas a mantener hasta lograr su objetivo.

Así al menos lo manifestó Jaqueline Asad, una de las militantes feministas que forma parte de la ONG local Mujeres en Lucha y protagoniza la movida en apoyo a la víctima que denunció haber sido abusada por el gremialista al que el fiscal de Melincué, Matías Merlo, imputó a fines del año pasado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, aunque sin tomar trascendencia pública hasta ahora.

"Comenzamos esta medida de protesta por tiempo indeterminado por los hechos de abuso sexual dentro la institución gremial y denunciados contra Enzo Juárez, así como actos de violencia laboral, por lo que solicitamos su destitución al cargo que ocupa", explicó la mujer en declaraciones a la emisora firmatense La Radio de la Escuela.

Asimismo contó que entregaron al sindicato municipal un comunicado donde manifiestan los motivos de la movida "sin obstaculizar el ingreso al gremio ni provocar ningún daño", aclaró. Y en esa dirección indicó que "nosotras tenemos nuestras convicciones y resistiremos acá hasta que salga la destitución que pedimos, porque creemos que es una medida ejemplificadora".

La denunciante no solo habría sido hostigada laboralmente y sometida sexualmente por el acusado sino que también terminó siendo apartada, al parecer arbitrariamente, del gremio donde desarrollaba funciones, por lo que también se exige su inmediata restitución.

El abogado patrocinante de la denunciante, Daniel Rivero, comentó que la trabajadora venía padeciendo frecuentes situaciones de acoso desde mediados de 2019 hasta que formuló la denuncia que culminó con la imputación del líder gremial. "En principio Daniela fue víctima de violencia laboral al ser perseguida en su trabajo, (por lo que) intimamos al cese de estas actitudes, pero la situación siguió hasta que culminó con la denuncia por abuso sexual", especificó el letrado.

Y en esa dirección explicó que el fiscal "entendió" que existen "altas" probabilidades de que el incriminado haya cometido los delitos que se le achacan y, en ese marco, resaltó que a partir de ahora están previstas una serie de medidas como "pericias psicológicas y otros elementos de prueba que el fiscal considere necesarios para la causa y evaluar, al cabo de un tiempo, la probabilidad de elevar la causa a juicio".

Asimismo, Rivero cuestionó la actitud del gremio municipal al sostener que "llama poderosamente la atención la ausencia de respuestas por parte del sindicato a cada uno de nuestros requerimientos haciendo caso omiso como si Daniela no tuviera razón, y ni siquiera dando posibilidad para explicar razones". En ese línea puntualizó que "el 10 de diciembre nos presentamos a una reunión con el sindicato donde solicitamos la reincorporación de Daniela a sus funciones y que cesaran todas las situaciones que ella mismo dijo haber padecido", aunque sin lograr la respuesta esperada. "Dijeron _explicó_ que no iban a reintegrarle el permiso gremial y que la situación seguiría siendo la misma. En todo momento el sindicato se mantuvo con esta postura y la sensación que tengo es que lo que hicieron fue un acto de encubrimiento al jefe por los hechos denunciados".

 
 
Tras el escándalo que se desató en Firmat por el suceso, sobre todo en el ambiente de los empleados municipales, LaCapital intentó a lo largo de la jornada de ayer comunicarse con Juárez por diferentes vías, pero no tuvo éxito.

Mientras tanto la protesta frente al gremio municipal se mantendrá en pie hasta conseguir la destitución del sindicalista y la reincorporación de Daniela. En ese sentido Asad resaltó que el grupo que lleva adelante el acampe fue recibido por el secretario adjunto del gremio, a quien le acercaron una copia de la imputación contra Juárez, quien se encuentra con licencia médica, además de notificarlo sobre la medida de protesta que "estamos llevando a cabo hasta que no se solucione este problema que es de una gravedad inusitada", recalcó.

Si bien la referente del colectivo de mujeres prefirió no ahondar en detalles para preservar a la víctima, comentó que Daniela atravesó por diferentes instancias de hostigamiento al punto que estuvo internada, lo que le habría posibilitado elaborar su traumática experiencia y ampliar la denuncia. Dijo que la trabajadora se desempeñaba como secretaria de actas en el gremio y compartía el mismo ámbito de trabajo con su presunto abusador, por lo que recurrió a diferentes ámbitos en busca de ayuda hasta que finalmente recurrió a la Justicia.

El fiscal Merlo explicó que la causa en curso surgió de "una denuncia que recibimos en forma conjunta con otra investigación penal preparatoria sobre determinados actos de administración fraudulenta de parte del sindicato municipal de Firmat". La mujer expuso inicialmente que había sufrido hechos de acoso sexual, pero, a fines de noviembre, fue más allá al contar en una entrevista que había sido abusada sexualmente, por lo que se tomaron un serie de medidas que desembocaron en la imputación del acusado, quien se abstuvo de declarar.

"Ahora implementaremos otras medidas a fin de recolectar evidencias que permitan sostener una acusación para un futuro juicio oral", explicó el funcionario judicial tras indicar que los abusos denunciados e investigados se habrían registrado años atrás. "Lo importes es reunir todos los elementos de prueba suficientes para llegar a juicio y arribar a una condena", concluyó.