Suárez se encuentra procesado por liderar una asociación ilícita y cumplía prisión domiciliaria desde 2016
País 17 de diciembre de 2019
Oscar A Canavese
El Tribunal Oral Federal 4 ordenó este martes liberar a Omar “Caballo” Suárez, quien está procesado por liderar una asociación ilícita. Suárez se encontraba bajo arresto domiciliario, pero la defensa pidió su excarcelación.
La defensa del el ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) había solicitado que cesara su detención preventiva a la luz de las nuevas normas que instan a los magistrados a optar por medidas menos lesivas para la libertad de las personas cuando fuere posible.
“La reciente implementación de una previsión que regula con mayor rigor el principio constitucional de necesidad de las medidas de coerción, superando el esquema casi binario de libertad provisional o prisión preventiva que rigió hasta hace poco, impone dilucidar si este progreso en el debate debe verse reflejado en una sustitución de las medidas de coerción adecuadas para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley penal sustantiva”, sostuvieron los jueces del TOF 4.
El TOF dispuso que permanezca en libertad, con tobillera con GPS y dispuso que no puede alejarse de un radio de 100 kilómetros a la redonda de su lugar de residencia o ausentarse por más de 24 horas. También debe “abstenerse de concurrir a las instituciones, entidades y empresas que se encuentran abarcadas por el objeto procesal de esta causa”.
Suárez deberá someterse, de todas formas, a la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico de “GPS”, al que se le fijará un radio de 100 kilómetros a la redonda de su lugar de residencia, y comunicar cualquier cambio de domicilio o circunstancia por la que deba ausentarse de éste por más de 24 horas.
El sindicalista deberá, además, presentarse dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes ante el TOF 4 y tendrá prohibida la salida del país.
Los jueces destacaron, en su fallo, que Suárez se ha presentado y asiste regularmente al juicio oral y público en curso, como también que en febrero ingresará en la etapa de producción de prueba testimonial.
Suárez está acusado de ser el jefe de «una asociación destinada a la comisión de indeterminados hechos delictivos, valiéndose del control que (sus miembros) ejercían sobre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (en adelante SOMU) y la Obra Social del Personal Marítimo (de aquí en más OSPM)».
El dirigente coordinaba a los restantes integrantes «a partir de su rol de ex Secretario General del SOMU, presidente de la mencionada OSPM, vicepresidente de la empresa San Jorge Marítima S.A., y presidente de la Fundación Azul para el Cuidado y Preservación del Medio Ambiente Marino, Fluvial y Lacustre», según se sostiene en el expediente judicial.
Se le reprochó a Suárez «una maniobra delictiva consistente en exigirle ilegítimamente a distintas empresas del sector naviero, en concepto de ‘donaciones’ o ‘liberalidades’, sumas dinerarias presuntamente destinadas a capacitar a los marineros afiliados al SOMU en la escuela ‘Omar Rupp’ perteneciente al Sindicato, para que adquieran las condiciones necesarias a los fines de embarcar tales buques extranjeros».
El dinero se exigía «a cambio de no bloquear el ingreso de las embarcaciones a los puertos de nuestro país, mediante la negativa del servicio de remolque al ordenarle al personal del SOMU que no aten cabos para la maniobra», según se indica en el expediente.
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