Cristina Kirchner atacó a los jueces y advirtió: "A mí la historia ya me absolvió"

Fueron más de tres horas de declaración indagatoria ante el tribunal que la juzga por corrupción

País 02 de diciembre de 2019 Oscar A Canavese Oscar A Canavese
cristina comodoro py

La vicepresidenta electa Cristina Kirchner hizo un extenso discurso político para defenderse a en el juicio que el Tribunal Oral Federal 2 le sigue por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz. Entre las palabras de la ex primera mandataria abundaron las críticas y acusaciones a los jueces y medios.

En el arranque de su declaración sostuvo que la denuncia en su contra por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz fue producto del "lawfare", "trasmitida a diestra y siniestra" en una acusación que "no reconoce antecedentes", al criticar al inicio de su declaración indagatoria la decisión de no televisar en vivo la audiencia tomada por el Tribunal Oral Federal 2.

La acusación por la obra pública en Santa Cruz "fue un plan ideado por el gobierno saliente" y "forma parte del lawfare", con una "vicepresidenta que está sentada en el banquillo de los acusados acusada de ser la jefa de la banda", continuó.

"Este es un tribunal del lawfare. Que seguramente tiene la condena escrita. A mi me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia", dijo Cristina Kirchner, al cierre de su presentación, que duró casi cuatro horas. "¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo", afirmó y se retiró sin responder preguntas.

Vestida con un saco blanco, Kirchner ingresó hacia las sin hacer declaraciones a la prensa. Sus abogados solicitaron que la audiencia pública fuera transmitida en directo por televisión, pero el tribunal no lo autorizó. Sin embargo, algunos de sus aportes fueron transmitidos brevemente desde dentro de la sala por un canal de televisión.

En esa intervención, Kirchner reprochó el tratamiento recibido en este y en otros casos en los que se la indaga, y especialmente criticó que se haya incluido a sus hijos Máximo y Florencia en una de las causas. "Impidieron que mis hijos o yo tengamos tarjeta de crédito", deploró, en referencia al embargo de cuentas bancarias. También denunció lo que llamó "allanamientos cinematográficos" a sus tres domicilios, en otra de las causas, y "escuchas ilegales".

Kirchner insiste en que los procesos judiciales en su contra responden a una persecución política. La sesión se extendió durante cuatro horas. Al cabo de la indagatoria, Carlos Beraldi, su abogado principal, reiteró la idea de que el juicio tiene una motivación política y dijo a la prensa que "quienes van a tener que explicar por qué ella está en este juicio son los que la han llevado (ante el tribunal)".

"Son argumentos muy endebles. No había razón jurídica", insistió. Horas antes, Kirchner había escrito en Twitter: "En la Argentina, como en el resto de América Latina, la articulación de los medios de comunicación hegemónicos y el aparato judicial con el objetivo de demonizar y destruir a los líderes de los gobiernos populares y democráticos, se ha transformado en un plan sistemático".

Kirchner, quien gobernó entre 2007 y 2015, asumirá como vicepresidenta el próximo 10 de diciembre, tras la victoria electoral de la fórmula peronista de centro-izquierda que integró con Alberto Fernández. Actualmente, como senadora, tiene fueros parlamentarios que la han eximido de cumplir con la prisión preventiva solicitada por los jueces.

Cuando sea vicepresidenta, y por tanto también presidenta del Senado, se requeriría de un juicio político en el Congreso antes de retirarle los fueros.  A Kirchner, de 66 años, le quedan ocho procesamientos, la mayoría por acusaciones de contrataciones irregulares y cohecho pasivo cuando era jefa de Estado. Cuatro han sido elevados ya a juicio oral, aunque sin fecha de inicio.

Dos causas, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito (Hotesur y Los Sauces), que implican también a sus hijos Máximo y Florencia, tendrán un juicio unificado. Otras dos son por la venta de "dólar futuro", que ella defiende como una medida de política monetaria, y por encubrimiento a raíz de la firma de un memorando con Irán en la causa que investiga el atentado en el centro judío AMIA que causó 85 muertos en 1994.

 

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