Condenaron a una funcionaria de Anses Venado Tuerto que cobraba para gestionar jubilaciones

Regionales 09 de septiembre de 2019 Por
La acusada, la abogada Nancy Estela Fontana, se desempeñaba como directora de Legales en la Unidad de Atención Integral de Venado Tuerto. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario la condenó a dos años de ejecución condicional por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
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Según se acreditó en el debate, utilizaba su propia oficina pública para asesorar y gestionar trámites jubilatorios a cambio de dinero.
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Rosario, integrado por Ricardo Moisés Vásquez, Otmar Paulucci y Germán Sutter Snaider, condenó hoy a dos años de prisión de ejecución condicional a una ex funcionaria de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de Venado Tuerto por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública (tres hechos). Según se acreditó durante el debate, en el que el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Fernando Arrigo, Nancy Estela Fontana, quien se desempeñaba como directora de Legales de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de Venado Tuerto, gestionaba trámites previsionales a cambio de dinero, que era abonado una vez que el beneficiario comenzaba a percibir su jubilación.
En la instancia de alegatos, la Fiscalía General había requerido una condena a cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua como autora penalmente responsable de negociaciones incompatibles en concurso ideal con exacciones ilegales (tres hechos). En efecto, el representante del MPF consideró que la prueba producida durante el juicio, entre la que se destacan los distintos testimonios y legajos administrativos incorporados por lectura, permitía acreditar que la imputada había cometido los hechos por los que venía acusada.
La investigación comenzó a partir de una denuncia de la jefa de la UDAI de Venado Tuerto, Paola Bravo, quien tomó conocimiento de las irregularidades apenas asumido el cargo. Durante el juicio describió que en las oficinas de la ANSES que correspondían a Fontanta había dos puertas y por una de ellas la imputada atendía a personas particulares, cuando no correspondía que la directora de Legales reciba a personas. También manifestó que tomó conocimiento que Fontana cobraba por esos trámites, entre ellos el de su propia madre, que pagó dos haberes por la obtención del beneficio. Las irregularidades detectadas derivaron en un sumario administrativo y, posteriormente, en el proceso penal.
Cuatro jubilados reconocieron que su trámite lo realizaron a través de la acusada y que para esto, ella los asesoraba en las propias oficinas del Anses.
Asimismo, el fiscal se basó para formular su acusación en las declaraciones de cuatro jubilados que reconocieron que su trámite lo realizaron a través Fontana y que para esto, ella los asesoraba en las propias oficinas del Anses o en su casa particular y que luego les exigía el pago de dos o tres haberes por los trámites realizados. Por otro lado también declaró una gestora que trabajaba cotidianamente en la repartición y que veía como la imputada atendía en su oficina a personas particulares, y que además era público y notorio que si los tramites los hacia Fontana salían en tres meses, cuando normalmente tardaban seis meses como mínimo.
Por último, Arrigo tuvo en cuenta para el pedido de pena la naturaleza de la acción, el desenfado de atender a los “clientes en la propia oficinas públicas utilizando sus instalaciones y empleados, el nivel de educación que tiene, ya que se trata de una profesional de la abogacía, y la falta de dificultad para ganarse el sustento".

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