El alzamiento del 30 de abril generó reacciones similares a los anteriores en el poder chavista, que trata de exhibir carácter y rigor a través de la persecución de los oficiales rebeldes. Sin embargo, cada día suma más resistencia
País 09 de mayo de 2019
Oscar A Canavese
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No es la primera vez que Nicolás Maduro ordena la degradación y expulsión de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Como consecuencia de la manifestación militar a favor de Juan Guaidó el 30 de abril, ordenó la degradación y expulsión de la institución castrense de 55 militares, encabezados por el general de división Manuel Cristopher Figuera, quien era el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
Aunque el Código Orgánico de Justicia Militar especifica que un oficial amerita ser expulsado y degradado, es la pena accesoria al delito principal que dicho militar haya cometido y por el cual haya sido juzgado.
Esta es la quinta vez que Maduro opta por esa opción, tratando de detener la crisis interna que vive la Fuerza Armada, pero que parece no darle resultado, porque cada vez son más los integrantes.
Las listas más resaltantes son las tres anteriores. La primera fue de 11 militares por la masacre de Barlovento. Las restantes por razones políticas: la segunda de 24, la tercera de 116 y la cuarta de 13 altos oficiales.
Además, ha habido dos casos muy puntuales de esa sanción de degradación y expulsión de la institución castrense. Uno fue el del Teniente de la Aviación Ronald Alirio Dugarte Silva, quien presentó un testimonio ante la Organización de Estados Americanos, donde mostró testimonios y videos de las torturas contra detenidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El otro fue el caso del Teniente Coronel Ovidio Carrasco Mosqueda, miembro de la Guardia de Honor Presidencial y Jefe de la Dirección de Comunicaciones, quien fue degradado y expulsado de la Fuerza Armada, y puesto a orden de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), señalado de suministrar información al diputado Julio Borges.
Aunque las listas de degradaciones y expulsiones ha sido un recurso para castigar a quienes se enfrenten al Gobierno venezolano, se ha convertido en un recurso inútil que parece no frenar para nada a los militares contrarios al Gobierno.
Primera lista
Fue en noviembre 2016 cuando en el gobierno de Nicolás Maduro publica la primera lista de militares expulsados y degradados de la Fuerza Armada. Los presuntos implicados en la masacre de Barlovento son efectivos del Ejército que formaron parte de un grupo de escudriñamiento y Técnicas de Patrullaje que se desplegó en la zona.
Esa es la única vez que las razones no fueron políticas. Ellos son 11 militares que habrían participado en el asesinato de 12 personas, que fueron detenidas por los militares el 16 de octubre en Barlovento y confinados al sótano de una quinta situada en El Café, cerca de Capaya (Miranda). Tres días después sus cadáveres fueron desenterrados de dos fosas situadas en Aragüita y El Café.
A través de un comunicado, el Ministerio de la Defensa anunció que fue ordenada la degradación y expulsión de los dos oficiales y 9 de tropa profesional del Batallón Caribe, "por haber violentado con su conducta los valores y principios que nos representan".
El teniente coronel del Ejército, José Ángel Rojas Córdova, quien era comandante del Batallón Caribe Camacaro 323 y líder del supuesto operativo donde masacraron a las 13 víctimas, fue el oficial de mayor jerarquía expulsado y degradado, junto al mayor Luis Eduardo Romero Arcia, el capitán Eduardo Contreras, el sargento mayor de tercera Miguel Rodríguez Rodríguez; los sargentos primero Orlando Maceli, Rafael Ruíz Acevedo, Luis Figuera Salazar, Francisco Rivas Salazar y Romy Antón Antón; los cabos segundo Arquímedes José Agüey y Luis Machado Márquez, y el cabo primero Fabián Rangel Rangel.
Nicolás Maduro, junto a Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y Comandante Estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
La segunda lista
El 28 de febrero 2018 se publicó en la Gaceta Oficial N° 41.350 el decreto 2.399, donde se refleja la medida de degradación y expulsión de la FANB, sin previo juicio, de 13 altos oficiales, entre quienes se encuentran los que el Gobierno ha considerado sus más acérrimos enemigos: el de mayor rango el General en Jefe Raúl Isaías Baduel, seguido del Mayor General Hebert Josué García Plaza, del general de división Jesús Alberto Milano Mendoza, los vice almirantes Mario Iván Carratú Molina y Carlos Rafael Molina Tamayo, los generales de Brigada Ángel Omar Vivas Perdomo, Antonio José Rivero González, Ramón Antonio Lozada Saavedra y Eduardo José Báez Torrealba, el coronel Antonio Ramón Semprúm Valecillos, el capitán de corbeta Leamsy José Salazar Villafaña, los capitanes de la GNB Juan Carlos Caguaripano Scott y Javier Enrique Nieto Quintero.
También fueron incluidos 11 primeros tenientes: Marco Antonio Briceño Camacho, Ronald Leandro Ojeda Moreno, José Ángel Rodríguez Araña, Luis Alejandro Mogollón Velázquez, Eliezer Daniel Vásquez Guillén, José Daniel González Bolaños, Luis Eduardo Berbesí Torres, José Ignacio Medina Marmolejo, Josué Abraham Hidalgo Azuaje, Francisco Pablo Rodríguez Ojeda y Jefferson Gabriel García Dos Ramos.
La tercera fue de 116
En el Decreto 3.776 publicado en la Gaceta Oficial del 27 de febrero de 2019, número extraordinario 6.430, aparece la lista de 116 profesionales militares que fueron expulsados y degradados por haber apoyado a Juan Guaidó y haberlo reconocido como Comandante en Jefe de la FANB.
La lista está presidida por los coroneles Pedro José Chirinos Dorante y Rubén Alberto Paz Jiménez. Luego los mayores, entre ellos Parra Martínez, seguidos de tenientes y sargentos.
Esos militares pasaron hacia territorio colombiano para apoyar la entrada de la ayuda humanitaria. El decreto resalta que la decisión "implica necesariamente la pérdida del grado y condecoraciones nacionales; sin menoscabo de las acciones y consecuencias que se deriven del proceso correspondiente que conozcan las autoridades competentes".
La cuarta fue de 13
En la Gaceta Oficial N° 41.602 del 20 de marzo de 2019 se publica el decreto N° 3.786, a través del cual Nicolás Maduro degrada y expulsa a 13 militares, siendo el de mayor rango el MG Hugo Armando Carvajal Barrios, GD Carlos Alberto Rotondaro Cova, los alférez de navío Lauriduar Josefina Lara Acosta y Enyury Alejandra Segovia Rodríguez, Tte Hugo José Villarroel Martínez, el SM3 Delfín Antonio Rodríguez Martínez, los sargentos primeros Keiber Albertty Polichetti Servitá, Jesús Guillermo González Fuenmayor y Carlos Eduardo Zapata, los sargentos segundos Jesús Manuel Segueri Gainza, Ricardo David Fonseca Mosquera, Leyder José Mora Velasco y Silvio Manuel Espinoza Sotillo.
El presidente de Nutrien América Latina André Dias, en Expoagro años atrás, había dicho que "en Argentina, Nutrien hizo importantes inversiones en su planta formuladora de Casilda, provincia de Santa Fe, en su plataforma digital, en la expansión de los agrocentros y en la creación de nuevos puestos de trabajo. Estamos presentes en Argentina hace más de 25 años y continuaremos aquí por muchos años más", pero no se pudo.
Con el objetivo de presentar para el mes de abril una oferta de incremento salarial que esté acorde a los ingresos que la Provincia tuvo en marzo, las autoridades provinciales solicitaron en la reunión de la mesa paritaria con el sector docente pasar a cuarto intermedio hasta la próxima semana. “Hemos sido muy claros desde el inicio de la gestión en el hecho de poner todo nuestro esfuerzo en acompañar las mejoras salariales en base a los ingresos que tenga Provincia.
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Todo comenzó cuando el presidente, quien está ahora en Roma contestó una publicación de un conocido troll de La libertad Avanza donde se preguntaba: “El Cosquín Rock cuesta 4 millones de dólares hacerlo. ¿Quién lo financia?”. “Lluvia de chanes”, citó el tweet el Presidente en clara alusión a que le da dinero la provincia de Córdoba, algo que viene sosteniendo hace días.
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La víctima tenía 58 años. Su hijo fue quien lo encontró sin vida.
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