La Cámara Electoral aprobó una plataforma para impulsar leyes con firmas electrónicas

La Cámara Nacional Electoral (CNE) aprobó este jueves la implementación de una plataforma digital para reunir firmas electrónicas que respalden proyectos de ley por iniciativa popular. El tribunal administrará y operará la herramienta, que podrán utilizar ciudadanos, agrupaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil.

La decisión quedó establecida en una acordada extraordinaria firmada por los jueces Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas. El sistema complementará la recolección de firmas en papel y mantendrá los requisitos legales para presentar propuestas ante la Cámara de Diputados.

La resolución no fija una fecha concreta de apertura al público ni informa una dirección web de acceso. Tampoco detalla cómo deberá acreditar su identidad cada ciudadano al momento de firmar. Quienes busquen utilizar la plataforma deberán solicitar previamente la habilitación de su iniciativa ante el área informática electoral, mediante un trámite gratuito.

La iniciativa popular permite a los ciudadanos presentar proyectos de ley sin depender de que un legislador los proponga. Este derecho, incorporado a la Constitución nacional en 1994, está reglamentado por la ley 24.747.

Para acceder a ese mecanismo, una propuesta debe reunir firmas equivalentes, como mínimo, al 1,5% del padrón utilizado en la última elección de diputados nacionales. Los apoyos deben representar al menos a seis distritos electorales. Cuando el proyecto tiene alcance regional, el porcentaje se calcula sobre el padrón de las provincias involucradas y no rige la exigencia de los seis distritos.

No pueden presentarse por esta vía proyectos sobre reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto o materia penal. Una vez admitida la iniciativa en Diputados, el Congreso debe darle tratamiento expreso dentro de doce meses, aunque esa obligación no garantiza su aprobación.

El antecedente de la nueva herramienta es una prueba piloto autorizada el 21 de mayo de 2026, con una plataforma propuesta por una organización no gubernamental. Según la acordada, las verificaciones permitieron comprobar que era técnicamente posible vincular inequívocamente a cada firmante con el documento respaldado, verificar la autenticidad de las firmas y preservar los datos personales.

La administración, el mantenimiento y la operación quedarán a cargo de la Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales. Esa dependencia también realizará el seguimiento técnico y los controles periódicos de seguridad. El sistema deberá proteger los datos de los participantes y preservar la integridad de la información.

La resolución distingue la firma electrónica de la firma digital regulada por la ley 25.506. Sostiene que la primera puede tener una validez equiparable a la manuscrita cuando cumple condiciones técnicas de autenticidad, integridad y verificabilidad. Esa definición corresponde al mecanismo autorizado y no supone que cualquier adhesión reunida en internet resulte válida.

La Justicia Electoral mantendrá la verificación de autenticidad por muestreo prevista por la ley. Según recuerda la acordada, ese control debe completarse en un máximo de veinte días, prorrogable mediante una resolución fundada del tribunal.