La Justicia ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional avanzar con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado su ejecución a la determinación de las fuentes presupuestarias.
La decisión fue adoptada este martes por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, quien hizo lugar a las acciones promovidas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El magistrado dispuso que el Poder Ejecutivo adopte las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento de la Ley 27.795. La normativa contempla, entre otros puntos, recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales, recomposición salarial de docentes y no docentes, becas e investigación.
Los argumentos del fallo
El conflicto se originó después de que el Congreso aprobara la ley y el presidente Javier Milei la vetara. Ambas cámaras insistieron posteriormente con la norma mediante las mayorías requeridas constitucionalmente.
El Ejecutivo terminó promulgándola mediante el Decreto 759/2025, aunque vinculó su ejecución a lo establecido por el artículo 5 de la Ley 24.629, argumentando que debían determinarse las fuentes específicas de financiamiento e incorporarse las partidas correspondientes al Presupuesto.
Cormick rechazó ese planteo. Según sostuvo en su resolución, el mecanismo utilizado no superó un test de razonabilidad y produjo efectos similares a una nueva instancia de veto después de que el Congreso hubiera insistido con la ley.
Además, el magistrado señaló que la propia Ley de Financiamiento Universitario contempla mecanismos presupuestarios para afrontar su implementación.
El Gobierno apelará la sentencia
Horas después de conocerse la resolución, el Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo. La Casa Rosada mantiene su posición respecto de que deben determinarse los recursos necesarios para afrontar las erogaciones contempladas en la ley y sostiene como uno de sus principales objetivos preservar el equilibrio fiscal.
La Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado que el impacto de la norma durante 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del Producto Bruto Interno.
La resolución conocida este martes es de primera instancia, por lo que la discusión judicial continuará. El Ejecutivo buscará ahora que una instancia superior revise la decisión de Cormick.
En este marco, el conflicto por el presupuesto universitario continúa abierto tanto en los tribunales como en el plano político. Las universidades y los gremios mantienen sus reclamos, mientras el Gobierno prepara la presentación judicial contra la sentencia.